El concejal de Urbanismo de Sant Antoni, Miguel Ángel Costa, criticó ayer que el decreto ley de protección del territorio de Balears deje al municipio sin el 15% del suelo urbanizable que iría destinado a equipamientos municipales o viviendas de protección oficial (VPO).
Costa también manifestó su desacuerdo con un texto que «quita competencias a los ayuntamientos y al Consell sin ningún tipo de consenso». Calculó que en Sant Antoni se podrían ver afectadas 80 hectáreas de suelo urbanizable y que afectaría a 50 hectáreas de suelo urbano no consolidado.
«Nuestro departamento está estudiando a fondo la ley para conocer el impacto real», añadió.
Sant Josep
El concejal de Urbanismo de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, indicó, por su parte, que el Consistorio tiene identificadas entre seis y ocho áreas de suelo urbano no consolidad que el Consell d'Eivissa deberá determinar si siguen siendo urbanas o pasan a ser de suelo rústico.
«Estos suelos están en áreas que quizás no deberían desarrollarse más como es Cala Tarida», indicó Guerrero. El concejal recordó que la Ley de Urbanismo de Balears ya instaba a los ayuntamientos a recalificar estas zonas de suelo urbano no consolidado.
Consideró que no existe riesgo de que los suelos que ya hayan iniciado una transformación efectiva de suelo urbano pasen a ser rústico, sino que el Consell ordenará esta situación.