El pleno de Sant Antoni dio luz verde ayer, con los votos en contra de la oposición, a una propuesta de acuerdo para instar al Govern a que replantee el decreto ley 9/2020 de Territorio por invadir competencias de los ayuntamientos, así como por suponer un freno a la recuperación económica. El concejal de Urbanismo del municipio, Miguel Ángel Costa, explicó que este decreto del Ejecutivo balear «supone una moratoria para mucho suelos urbanos, donde se suspenden el otorgamiento de toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas y, además, nos quitan suelos destinados a zonas verdes, VPO, escuelas y parques y quita competencias a los ayuntamientos en suelos urbanos y en rústico al Consell». Costa se refirió al «menosprecio» del Govern hacia Ibiza al rechazar el documento para la reactivación económica de la isla consensuado por el Consell d'Eivissa con todos los partidos y agentes sociales. «Pedimos la retirada del decreto 9/2020 del 25 de mayo de Territorio que ha sido aprobado con menosprecio hacia las instituciones ibicencas y un freno a la economía. Instamos al Govern a que replantee las competencias de suelos urbanos para que ésta permanezca en los ayuntamientos y que la ordenación en rústico se mantenga en los consells».
Transparencia
Por otra parte, el pleno de ayer aprobó por unanimidad la primera Ordenanza Municipal Reguladora de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización con el objetivo de garantizar y regular la transparencia de la actividad pública del Consistorio y ofrecer una institución más abierta y accesible para los ciudadanos.
El concejal de Transparencia, José Ramón Martín, destacó que es la primera ordenanza sobre transparencia que aprueba el Ayuntamiento de Sant Antoni y que demuestra «la apuesta firme que ha hecho desde un principio el equipo de gobierno por la transparencia». El concejal ha explicado que la ordenanza establece que se deberá hacer pública toda la información institucional y de relevancia jurídica; la información contable, presupuestaria y financiera; la información relativa al municipio, urbanismo, territorio y medio ambiente y la información relativa a cargos electos y personal eventual.
La ordenanza tiene como objetivo la aplicación de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de reutilización de la información pública. Con su aplicación se implanta una nueva vía de colaboración entre la administración municipal basada en la transparencia y orientada al establecimiento de las bases del ‘buen gobierno' y se promueve la plataforma digital para facilitar el libre acceso de los ciudadanos a la información pública.
El pleno municipal también dio luz verde a la aprobación definitiva de la peatonalización de determinadas calles del entorno de la iglesia de Sant Antoni y de la zona del casco antiguo con el objetivo de dinamizar el comercio, potenciar el paseo libre de los peatones, mejorar la accesibilidad y potenciar la visita a lugares de relevancia patrimonial.
Además, se aprobó el expediente para realizar el contrato de concesión de servicios para la atención a la primera infancia en el Centro de Educación Infantil Público Escoleta Can Coix, convocando su licitación.
Declaraciones institucionales
Durante la sesión plenaria también se aprobó por unanimidad una Declaración Institucional para solicitar al Gobierno una moratoria de efecto inmediato de las solicitudes de nuevos proyectos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales, mientras se tramitan y aprueban el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la Proposición de Ley sobre la protección del Mar Mediterráneo.