Que el brote de Sant Joan esté relacionado con una fiesta ilegal a la que acudieron centenares de personas ha encendido las alarmas en los cuerpos policiales, Salud Pública y la clase política y empresarial de la isla, según ha podido constatar Periódico de Ibiza y Formentera.
Por un lado, preocupa que el brote vaya a más. Y, por otro, preocupa aún más que se cumplan las previsiones que apuntan a una proliferación de fiestas ilegales este verano ante el cierre de las discotecas, tal como advirtió el gerente de la Asociación del Ocio, José Luis Benítez, semanas atrás.
El confinamiento de 200.000 personas en la provincia de Lleida también ha contribuido a que salten las alarmas, en tanto que ha hecho ver que la posibilidad de que haya nuevos confinamientos en Ibiza, si se descontrola un brote o varios, es real.
La comunicación entre fuerzas y cuerpos de seguridad, Salud Pública y Consell d'Eivissa es constante.
«Bajo ningún concepto», sostiene una de las fuentes consultadas, «podemos permitirnos un paso atrás, ya que supondría una catástrofe económica y un daño incalculable a la imagen de destino seguro que tienen Ibiza y Formentera en estos momentos».
Preocupa especialmente la repercusión que tendría en las reservas una noticia en toda Europa de un foco producido en una fiesta ilegal. «Todo lo que sucede aquí es noticia en toda Europa», sostienen.
Instrumentos legales
En estos momentos, no hay ningún instrumento legal que permita poner coto a las fiestas privadas, aquellas en las que el organizador invita a sus convidados. Ni tampoco restricción alguna al número de asistentes. Tampoco a las fiestas ilegales en las que un promotor trata de obtener beneficio ilícito de su organización.
El único freno con el que cuentan las fuerzas del orden público para paralizar dichas actividades son las ordenanzas municipales. «Si no es a través del volumen de la música, poco podemos hacer», admiten desde las fuerzas de orden público.
Al no ser una actividad económica -y tampoco lo es el alquiler turístico vacacional- este tipo de eventos escapan de la normativa vigente hoy en día.
Todo contrario que las actividades económicas. Los locales cuentan con limitaciones de todo tipo, sanitarias, de aforo y de horarios.
Difícil rastreo
Las fuentes consultadas por este periódico tienen muy claro que el peligro es mucho mayor en una fiesta ilegal que en una fiesta privada o en un establecimiento reglado.
«Cuando hay alcohol y drogas y se producen aglomeraciones, se incrementa el riesgo de contagio. En las fiestas ilegales, además, suele haber prostitución y no hay control de horarios, por lo que las posibilidades se incrementan exponencialmente», explican.
Por si fuera poco, es muy difícil poder identificar a los asistentes a una fiesta ilegal, al contrario que en una fiesta privada, donde el que invita conoce a los asistentes.
«En una fiesta ilegal cuya celebración se ha promocionado a través de redes, va mucha gente que no se conoce entre sí, la mayoría, por no decir todos, extranjeros, y con escasa voluntad de colaborar, por lo que el rastreo sería muy difícil», señalan.
Colaboración ciudadana
En este contexto, la colaboración ciudadana es más necesaria que nunca para frenar las fiestas ilegales.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Baleares, aseguran que la Guardia Civil y las policías locales están en alerta ante un posible incremento de este tipo de fiestas. «Fiestas ha habido siempre y siempre hemos intentado frenarlas, especialmente las raves. Este año se han convertido en un objetivo prioritario».