La mañana de ayer en los apartamentos Don Pepe transcurrió con normalidad. La gente iba y venía con sus coches, bajaba a pasear el perro, pero no había ganas de hablar con la prensa. «No sabemos nada», era la frase más repetida. «Nos enteramos de más cosas por la prensa que por el Ayuntamiento», se quejó una vecina. Desinformación y cierto nerviosismo ante un futuro lleno de incertidumbre.
Otra vecina del bloque que aún no están examinando mostró su preocupación: «Empezaron por el otro, pero luego seguirán por este y no se sabe qué pasará».
Esta mujer que lleva ocho años como inquilina en los Don Pepe se mostró escéptica a la hora de pensar que les vayan a dejar arreglar el edificio: «Desde que yo estoy aquí no nos han dado licencias porque está fuera de ordenamiento, no creo que lo vayan a hacer ahora».
Preocupación política
Todo esto después de que el conseller balear de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, afirmase en sede parlamentaria que el Govern está dispuesto a «ayudar al máximo y encontrar una solución» para los vecinos desalojados. «Nos hemos reunido con el Ayuntamiento y la verdad que la situación no es fácil», expresó Pons, quien precisó que han abierto dos líneas de trabajo: la urbanística y la social.
En el primer caso, recordó que son dos bloques «que amenazan ruina y que uno de ellos no tiene licencia y el que la tiene, no se ajusta a la licencia dada. Están en un parque natural, están afectados por la Ley de Costas y están ubicados en ámbito de influencia aeroportuaria. La verdad es que es una situación compleja».
En cualquier caso, según precisó Pons, el Govern está valorando la enmienda del PP a la ley 8/2020 para que los edificios fuera de ordenación puedan ser reformados. Señaló, además, que se podría sentar un precedente en la regularización de otras construcciones sin motivos justificados, por lo que insistió en la prudencia. En la vertiente social, Pons afirmó que tienen una mesa de trabajo con opciones diferentes, si bien no precisó cuáles.
Unas palabras que llegaron como respuesta al diputado de Ciudadanos Maxo Benalal, quien aseguró que todo apunta a que los bloques se declararán «ruina urbanística a medio plazo», y que los técnicos del Ayuntamiento de Sant Josep cifran «entre tres y cuatro millones» la reforma de estos apartamentos, «algo inasumible para los propietarios».
Desalojados
Alejandro es una de las personas que tuvieron que ser desalojadas por las deficiencias del edificio. Ahora, sigue las evoluciones desde los apartamentos Bonsol en platja d'en Bossa, en donde los ha reubicado Sant Josep.
Una reubicación que tiene fecha de caducidad: el 17 de julio. «De momento, no nos han dicho nada. Sabemos que ese día se cumple el plazo y que están buscando una solución. No sé si nos quedaremos aquí o qué pasará. Pensamos que nos darán una solución porque en la calle no nos van a dejar», explicó.
Este vecino aseguró que hay «miedo» por lo que va a pasar y recordó que muchos, como es su caso, están pagando una hipoteca. «Cuando compré nadie me dijo que era un edificio ilegal. Todavía me quedan 10 años de hipoteca y hay gente que tiene más. Desde que compramos, las leyes se han ido modificando y nos han perjudicado. No nos han dejado arreglar el edificio. ¿Qué vamos a hacer los que tenemos una hipoteca? Si tienen que tirar el edificio, a los propietarios nos deberían dar una vivienda social. Esa es la salida», señaló.