Vecinos de la zona de la zona de Punta Pedrera, en Sant Josep, alertan del aumento de la presencia de okupas en los edificios abandonados que una empresa constructora dejó a medias de construir en el año 2008. En este sentido, actualmente podrían residir cerca de una veintena, según explicaron ayer los vecinos ‘legales'. Los vecinos, que prefieren mantenerse en el anonimato debido a la tensa situación que viven cada día con quienes ocupan ilegalmente estas viviendas, denuncian que los residuos se acumulan de manera insostenible en las calles, dando lugar a situaciones de insalubridad. A ello se suma que, habitualmente, tienen que llamar a la Policía Local porque «hay peleas o hacen fuego, por ejemplo». De hecho, el pasado mes de junio hubo una pelea entre okupas, con machete incluido, que acabó con un joven detenido que, finalmente, quedó en libertad.
Los vecinos afirmaron ayer que han puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Sant Josep esta situación en reiteradas ocasiones. «No son los vecinos que te gustaría tener; tenemos miedo y, a veces, nos increpan por la calle», explicó uno de los residentes de manera legal en la zona.
Desde el Consistorio josepí destacaron ayer que, al tratarse toda esa zona de una propiedad privada, debe ser el propietario quien tramite el desalojo y que el Ayuntamiento no puede entrar a actuar. Un portavoz señaló que acuden habitualmente a la zona ante las llamadas y denuncias de los vecinos y, además, se ha instado en diferentes ocasiones a los propietarios a mantener la zona limpia y adecentada. A esto se añade que han actuado de forma subsidiaria en algunas ocasiones ante la inacción de las sociedades propietarias de los terrenos.
Cabe recordar que en la urbanización de Punta Pedrera había previstas 244 viviendas. El Ayuntamiento de Sant Josep anuló la licencia para construirlas en el año 2007 y, un año más tarde, el Govern del Pacte del Progrés protegió esta zona de la costa josepina como suelo rústico protegido bajo el amparo de la ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible. Los propietarios de los terrenos denunciaron este cambio urbanístico y, finalmente, el Ejecutivo autonómico se vio obligado a pagar 86,7 millones de euros más 21,8 adicionales en concepto de intereses a las sociedades Punta Ibiza S.L y Mecron S.L, propietaria de estos terrenos, por la protección de Punta Pedrera. Mientras tanto, la zona a medio construir sigue abandonada a su suerte y con cada vez más okupas.