Visible y disponible para todo aquel que quiera venir de vacaciones a Ibiza. No es complicado acceder a la oferta de pisos de alquiler turístico vacacional ilegales en la plataforma Airbnb.
El portavoz del PSOE en Consell d'Eivissa, Vicent Torres, dijo durante el Debate de Política General que eran más de 300. La verdad es que la oferta ilegal es difícil de calcular, dado que con un rastreo en este portal sólo podemos ver aquellos alquileres disponibles, no aquellos que ya han sido alquilados. Sin embargo, en cualquier fecha, se puede apreciar que la gran mayoría de los alquileres son en viviendas plurifamiliares y, por lo tanto, ilegales en la isla de Ibiza conforme a la Ley 8/2012 de Turismo de las Illes Balears.
En dos búsquedas, del 10 al 15 de agosto y del 14 al 17 de septiembre, de los aproximadamente 300 resultados, más de 150 correspondían a ofertas de pisos o habitaciones en pisos. En concreto, en los cinco días de agosto mencionados había 166 ofertas ilegales y en septiembre 182. En sendas búsquedas se descartaron los resultados que hacían referencia a viviendas unifamiliares o habitaciones en esta clase de viviendas, que pueden resultar legales o legalizables. Cabe señalar que muy pocos anuncios incluían el número de licencia del establecimiento, como exige la legislación balear.
Entre las ofertas no se encontró ningún alquiler escandaloso, ya fuera por tratarse de una infravivienda o por el precio excesivo, como sí se podían ver en años anteriores. El precio medio de un alojamiento en Ibiza en agosto y septiembre, conforme al portal de alquiler vacacional, está por encima de los 350 euros por noche. Una gran parte de las viviendas ofertadas son villas de lujo y precios superiores a los 1.000 euros.
Al margen de precios y calidades, todos los alquileres vacacionales en pisos en la isla de Ibiza son ilegales y suponen una infracción grave sancionable con entre 4.001 y 40.000 euros.
Aunque en menor medida que otros años, el alquiler de autocaravanas o furgonetas preparadas para vivir en ellas sigue presente en Airbnb. Su alquiler es ilegal si se hace como alojamientos con dormitorios disponibles.
Por otra parte, los anuncios no señalan las dificultades del uso de estos vehículos en Ibiza, dado que el PTI prohibe la acampada en suelo rústico en la isla de Ibiza y la mayor parte de ayuntamientos permiten que se estacionen pero no que se duerma en ellos.
No se encontró ningún anuncio de alquiler de embarcaciones, abundantes otros años y también sancionables si se ofertan como alojamiento vacacional.
Situación legal
La oposición puso en cuestión durante el Debate de Política General la actuación de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, puesta en marcha esta legislatura. Señalaron como un error el archivo del proceso sancionador contra Airbnb y que el Consell, a pesar de sus promesas, no había precintado ningún piso turístico.
El Conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, recordó que la sanción la archivaron los servicios jurídicos a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establecía como contrario a la libertad de circulación de capital y de establecimientos de empresas el procedimiento sancionador contra Airbnb.
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Balears declaró nula el pasado mes de mayo una sanción del Govern balear contra la plataforma de oferta de alquileres turísticos, basándose en esta sentencia y en la normativa europea.
Por otra parte, recordó que la «inacción» del anterior ejecutivo produjo un atasco de procedimientos y que en la actualidad se siguen iniciando procedimientos sancionadores de 2018.
El Consell d'Eivissa planteó una modificación legislativa al Govern que permitiera el precinto de pisos turísticos sin necesidad de pasar por los juzgados. Un texto que el Govern no incluyó en el decreto ley 8/2020 y que ahora se ha vuelto a plantear en forma de enmienda durante su tramitación parlamanentaria.
Convenio con Airbnb
Desde el Consell d'Eivissa indicaron que siguen trabajando en la elaboración de un convenio con Airbnb que facilite la labor de persecución de los pisos de alquiler vacacional ilegales. «Esperamos respuesta de Airbnb después de trabajar en el documento y realizar una serie de modificaciones», explicaron, «aún no está cerrado, porque la Justicia Europea y la Balear han declarado ilegal la normativa autonómica que sancionaba a Airbnb y han cambiado las reglas del juego. En general lo que se pide es que Airbnb se rija por la directiva europea de comercio» La directiva 2000/31/CE libera a los prestadores de servicios de la obligación de supervisar «hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas».