Frente a las críticas a la actuación del Ayuntamiento de Sant Josep por el archivo del proceso de caducidad de la licencia de construcción de 61 viviendas en Port d'es Nebot, el alcalde, Josep Marí Ribas Agustinet, defendió ayer el cumplimiento de la legalidad en el proceso seguido por la institución.
En referencia a la nota de prensa emitida ayer por la organización ecologista GEN-GOB, que se pregunta por qué el Ayuntamiento archivó la caducidad, Marí Ribas subrayó que la licencia no se caducó «porque hay un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que dicen que en este caso no se puede caducar la licencia».
Recalcó que no se trata de «un capricho del alcalde o de algún concejal», sino que se actuó de acuerdo con un informe jurídico «elaborado por un jurista de la casa al que nosotros (el equipo de gobierno de aquel momento) le hicimos caso». «Hablamos, en cualquier caso, de una licencia del año 2005 que nunca se debió dar», añadió.
Por otra parte, explicó que el convenio firmado con la empresa Bastiodon S.L. para la construcción de 12 viviendas en esta parcela «se acordó inicialmente y se puso en exposición pública como una idea para minimizar el impacto de la licencia original» que contempla la construcción de 61 apartamentos y más de 30 piscinas.
En varias ocasiones señaló que el convenio no está firmado, dado que se encuentra pendiente de revisión teniendo en cuenta las alegaciones que acepten los servicios jurídicos municipales. «Estamos intentando aplicar, dentro del desastre urbanístico que tenemos en el municipio, una microcirugía para minimizar los impactos creados», indicó en referencia al convenio.
Respecto a las posibles líneas de actuación, el alcalde planteó dos posibilidades: no aprobar el convenio o bien renegociarlo.
La primera posibilidad implicaría que la empresa ostentaría la licencia de construcción de las 61 viviendas originales, dado que no se ha llegado a caducar. La segunda debería estudiarse conforme a las modificaciones que estimase el Ayuntamiento, entre las que ya se anunció la modificación de la zona verde o las exigencias de medidas de eficiencia energética y ahorro de agua en las construcciones más allá de las legalmente establecidas.
En cualquier caso manifestó no estar en disposición de adelantar la situación, dado que esta se tomará previo estudio de las alternativas y de la legalidad. En este sentido, aseguró que se estudiarán todas las alegaciones para luego «actuar en consecuencia».