Los equipos de intervención conjunta formados por inspectores de la comunidad, de los consells y por agentes de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad -Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales- han llevado a cabo, desde que se pusieron en funcionamiento el 10 de julio, un total de 605 actuaciones, de las que finalmente se han levantado 409 actas.
Además, según ha informado la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización, durante última semana, entre el 14 y el 20 de septiembre, los equipos coordinados por la Dirección General de Emergencias e Interior han ejecutado 33 inspecciones en Baleares, con un resultado de 30 actas levantadas.
Por islas, la mayoría de intervenciones han tenido lugar en Mallorca, con 19 inspecciones y 18 actas -Palma, Capdepera y Santa Margalida-; seguido de Ibiza, con siete inspecciones y siete actas levantadas -Sant Josep de sa Talaia y Sant Antoni de Portmany-; Menorca, con cinco inspecciones y cinco actas levantadas -Es Mercadal-; y Formentera, con dos inspecciones realizadas y ningún acta resultante.
La resolución de los expedientes iniciados en estas actuaciones se regula en el Decreto ley de régimen sancionador para los incumplimientos de las normas relativas a la COVID-19, en vigor desde el viernes 10 de julio, que prevé sanciones de entre 100 y 3.000 euros para las infracciones leves, de entre 3.001 y 60.000 euros para las graves, y de entre 60.001 y 600.000 euros para las consideradas más graves. Se consideran infracciones leves, pero con sanciones de hasta 100 euros, no usar mascarilla cuando sea obligatorio y fumar en espacios de uso público.