El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Biel Company, afirmó ayer que el Decreto ley 8/2020, de medidas de impulso económico, ha destruido al menos 35.000 lugares de empleo desde que entró en vigor el pasado 13 de mayo.
Así lo expresó ayer Company durante una rueda de prensa en el Parlament balear, donde criticó el decreto que hoy martes se votará en el pleno como Proyecto de Ley. De acuerdo con el diputado popular, el PP presentó 121 enmiendas al decreto, de las cuales el Govern solo ha aceptado cinco: una de servicios sociales, tres de lucha contra el intrusismo en alquiler de vivienda turística ilegal y una sobre el personal del Museo de Menorca. Se queda fuera, por tanto, la vía legal para conseguir la rehabilitación de los apartamentos Don Pepe para así dar una solución al futuro del edificio.
Decepción
«No nos han aceptado ni una sola de las enmiendas en materia del impulso económico y de simplificación administrativa», lamentó Company, quien añadió que el decreto «ni reactiva ni simplifica nada».
El PSIB
La diputada socialista Mercedes Garrido explicó que durante la tramitación parlamentaria se han mejorado aspectos técnicos e incorporado al texto enmiendas de los grupos parlamentarios. La diputada socialista hizo hincapié en la modificación que afecta la declaración responsable, que quedará matizada teniendo en cuenta los efectos prácticos de un instrumento como éste para que funcione y se aplique.
En cuanto a la modernización de los hoteles, Garrido afirmó que las modificaciones incorporadas en el texto incrementan la autonomía insular, permitiendo que sean los consells en Menorca, Ibiza y Formentera y el Govern en Mallorca quienes decidan si permiten ampliar hasta el 10% o hasta el 15%. En este sentido, precisó que el texto solo contempla intervenciones para adaptar las instalaciones a las medidas de seguridad y otras necesidades derivadas de la COVID-19 o para hacer mejoras en eficiencia energética, pero en ningún caso para incrementar plazas hoteleras.
En cuanto a la posibilidad de cambios de uso de los edificios hoteleros, también se incrementa la autonomía municipal, puesto que los ayuntamientos tendrán que emitir un informe sobre los efectos del incremento residencial en las zonas afectadas.