El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de les Illes Balears, a través de su Junta de Gobierno, emitió ayer un comunicado en el que expresa a las instituciones y a la ciudadanía su «enérgica repulsa frente a cualquier ataque que se produzca a cualquiera de sus colegiados, sea cual sea la naturaleza de los asuntos defendidos, por causa del correcto ejercicio de su actividad profesional».
Esta declaración de repulsa de los funcionarios de Balears habilitados con carácter estatal llega tras las recientes críticas que realizó el presidente del Consell, Vicent Marí, a la viceinterventora de la institución por haber denegado la autorización para el pago de un vídeo promocional turístico de Ibiza.
Los funcionarios del Estado firmantes expresan su preocupación «ante las recientes noticias aparecidas en los medios de comunicación en los que se relata que en una sesión plenaria del Consell de Ibiza, por parte del presidente, se efectuaron una serie de reproches y descalificaciones a la interventora de la corporación por la realización de sus funciones legalmente previstas en su condición de funcionaria de habilitación nacional, ejerciendo tareas de control interno y velando para que se garantice la solidez y la legalidad de las resoluciones adoptadas».
En el comunicado, afirman que «las alusiones recibidas por la interventora están fuera de lugar y carecen de justificación alguna». «Es del todo necesario -añaden- que la interventora continúe ejerciendo su labor con objetividad, imparcialidad y neutralidad, velando por el sometimiento de la administración a la ley y al derecho, sin presiones ni coacción alguna, puesto que todo ello repercute en la defensa de los derechos de los ciudadanos a una buena administración, eficaz, eficiente, transparente y de acuerdo con la Ley y los principios del Estado de Derecho».