El equipo de gobierno de Sant Josep (PSOE y Unidas Podemos) quiere estudiar a fondo el polémico convenio firmado en 2017 entre el Ayuntamiento de Sant Josep y la empresa Bastiodon SL, que prevé la construcción de 12 viviendas de lujo en la parcela denominada es Port d'es Nebot, en Cala Vedella, en lugar de las 61 viviendas que permitía la licencia original, de 2005.
La concejala de Medio Ambiente, Mónica Fernández, de Podemos, afirma que «revisaremos todo con detalle y miraremos por el bien del municipio, teniendo en cuenta las sensibilidades del PSOE y de Podemos», y da por hecho que «habrá consenso, porque es lo que debe hacer un equipo de gobierno».
La edil de Podemos considera que este convenio «es muy mejorable», por lo que solicitará, como mínimo, que se revisen las condiciones de sostenibilidad, consumo de agua, acceso a la costa y zonas verdes, entre otras cuestiones. «Para Podemos, cualquier ladrillo que se ponga en Ibiza es una mala noticia», afirmó, al tiempo que reconoció que la caducidad de la licencia «será un tema complicado porque tenemos que cumplir la ley: no podemos eludir las leyes urbanísticas, nos gusten o no».
«Vamos a ver lo que supone la licencia que se concedió en 2005. Creo que se tiene que mirar todo lo que podamos hacer en bien del municipio, siempre dentro de la legalidad y que no sea costoso para el Ayuntamiento», añadió Fernández, que lamentó que las Normas Subsidiarias (NNSS) que rigen el urbanismo en Sant Josep no hayan sido revisadas en su conjunto desde 1986. «Ahora mismo, la edificabilidad permitida en esa parcela es de 12.000 metros cuadrados. Todo esto lo revisaremos», añadió la concejala de Medio Ambiente, quien aseguró que «todas las opciones están abiertas, y si pensamos que lo mejor es intentar que caduque la licencia, así lo haremos», agregó.
El Ayuntamiento de Sant Josep ha iniciado el proceso de redacción de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que sustituirá en el futuro a las obsoletas NNSS. Este plan urbanístico, que definirá las clasificaciones actualizadas del suelo, conlleva un complejo estudio de todas las parcelas del territorio municipal, un trabajo que se prolongará durante años, «y que realizaremos, como ahora, revisando todo y ateniéndonos a la legalidad».
El propio equipo de gobierno admitió recientemente que las peticiones de Podemos, incluida la posible, aunque improbable, revisión de la licencia para esta urbanización, «entrarían dentro del proceso de mejora del convenio», que está avalado por los servicios técnicos y jurídicos municipales. No obstante, fuentes municipales estiman que esta revisión que plantea Unidas Podemos no iría tanto encaminada a retomar el proceso de caducidad de la licencia como a modificar los derechos urbanísticos que otorga.
El Consistorio estima que los derechos adquiridos por los propietarios de las licencias concedidas son difíciles de revocar, y tiene en cuenta asimismo el perjuicio que podrían suponer las posibles indemnizaciones para las arcas municipales. Según el equipo de gobierno, el convenio con Bastiodon SL es «beneficioso, dado que reduce la edificabilidad en la zona en 3.000 metros».