No es la primera vez que Vicent Marí muestra su preocupación en público por los fondos estatutarios. Desde que fue elegido como presidente del Consell d'Eivissa, el popular ha reiterado que no era posible ejecutar las inversiones antes de que finalizase el plazo y que era necesaria una prórroga que garantizase que los cuatro millones que quedan por invertir no se perdiesen. Ahora, con el plazo ya vencido, finalizaba en septiembre, la situación es crítica para el Consell. Sobre todo después de que el Govern informase a la institución insular que la Secretaría de Estado de Turismo ha rechazado ampliar los plazos de ejecución, justificación y redistribución de los Fondos Estatutarios.
A través de un comunicado, el Consell d'Eivissa volvió a mostrar ayer su preocupación. Recordaron que desde el pasado mes de julio reclaman una prórroga de estos fondos asignados a la isla y que afectan a tres proyectos: la rehabilitación del edificio del Observatorio Turístico, el Parque de ses Feixes y los Senderos turísticos de ses Salines.
Los tres proyectos, valorados en cuatro millones de euros, se habían incluido en el convenio que el Govern balear y el Estado habían suscrito en diciembre de 2010 para la financiación de infraestructuras turísticas del archipiélago.
En verano, Marí ya expresaba: «Es materialmente imposible que se puedan utilizar estos fondos y justificarlos ante el Ministerio. Por ello hemos pedido ayuda al Govern para lograr que se pueda prorrogar al menos un año más el uso de estos fondos que, si no, se perderían. Estamos en un momento en el que es necesario hacer todo lo posible para que se lleven a cabo todas las inversiones».
Ahora, tras la negativa del Gobierno, desde la administración insular aseguran que el rechazo a esta prórroga supone un «grave perjuicio» para la isla y apuntan que no se entiende que desde el Estado «no se haga lo posible para facilitar su ejecución».
Ayer mismo, el presidente insular Vicent Marí envió un escrito a la presidenta del Govern, Francina Armengol, pidiéndole que insista ante el Gobierno central en la «necesidad de ampliar los plazos para ejecutar los proyectos, defendiendo los intereses de los ciudadanos de Ibiza por encima de posibles planteamientos partidistas».
Cabe recordar que estos tres proyectos quedarían completamente paralizados sin estos fondos ya que el Consell no tiene competencias para llevarlos a cabo.
Los proyectos:
1. Rehabilitación del edificio del Observatorio Turístico en sa Coma
La zona de sa Coma es uno de los ejes principales para los gobiernos insulares de los últimos años. Allí estaba previsto llevar a cabo la rehabilitación del edificio del Observatorio Turístico. Un proyecto que se pretendía hacer con los fondos estatutarios y que si no llega la prórroga se verá paralizado.
2. Centro de interpretación y adecuación del parque de ses Feixes
Otro de los proyectos previstos para estos fondos estatutarios consistía en varias actuaciones en la zona de ses Feixes. La inversión pretendía adecuar el parque con unos proyectos de recuperación, así como la construcción de un centro de interpretación en el humedal.
3. Soterramiento de cables y senderos turísticos en ses Salines
El tercer proyecto que se puede ver comprometido es el del soterramiento de cables y la construcción de senderos turísticos para avistamiento de aves en la zona de ses Salines. Se trata de un proyecto complejo que necesitaba de muchas autorizaciones por la excepcionalidad del enclave natural.
Mallorca y Menorca ya perdieron proyectos
Los antecedentes no son esperanzadores para Ibiza. En el pasado el Estado no se mostró flexible y el Govern ya ha visto como se han perdido otros proyectos de fondos estatutarios en las islas de Mallorca y Menorca. En esta última, fue sonado el proyecto para la creación del Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera en S'Enclusa. Bajo el gobierno de Bauzá el proyecto se quedó sin recursos y acabó siendo ruinoso para Baleares. El Govern tuvo que devolver a Madrid los siete millones de euros, más otros dos en intereses de demora, de este proyecto, aprobado en 2009 y del que finalmente ni siquiera empezaron las obras, a cargo del Consell menorquín.
Al incumplir el plazo fijado y expirar una primera prórroga, el Estado reclamó pese a la oposición del Govern y Consell (que exigían una nueva prórroga) la devolución, más el pago de los intereses. La pugna acabó en los tribunales y la Audiencia Nacional dio la razón al Estado. En Mallorca, también acabó siendo una ruina el proyecto para la reforma de Platja de Palma. La justicia sentenció al Govern a devolver los casi 14 millones de euros que se cobraron del Estado, a través del Instituto de Turismo de España (Turespaña), además de 4,3 millones más por intereses de demora. Todo ello al no justificar de forma adecuada el destino dado al dinero.