La Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Eivissa ha interpuesto recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) contra el acuerdo de pleno del Ayuntamiento que aprobó la creación de 12 nuevas licencias de autotaxi en el mes de mayo.
Entre otros aspectos, la representación legal de los taxistas considera que no estaba justificada la aprobación por «urgencia» de la medida y que la necesidad en el servicio de transporte de viajeros no está suficientemente justificada. Los taxistas consideran además que se trata de una medida recaudatoria que supondrá un exceso de vehículos en los meses de invierno.
El escrito solicita también la imposición de medidas cautelares que suspendan el proceso de concesión de las licencias, que actualmente se encuentran en la última fase del procedimiento.
El presidente de la asociación de taxistas, Alejandro Cardell, valoró que se han aprovechado los motivos que ya se utilizaron en 2019 para la concesión de 12 licencias de taxi, algo que no se correspondería con la realidad actual. «En aquelo momento no recurrimos la concesión, pero ahora se van a conceder unas licencias en un momento en el que no son necesarias».
Por otra parte criticó el informe por el que se justifica la falta de taxis en el municipio. En el mismo se establecía la necesidad de 36 nuevas licencias, sin embargo Cardell explica que el informe se hizo teniendo en cuenta la prestación de servicio de taxi durante los meses de verano, muy distinta a la del resto del año.
Por otro lado apuntó que algunos de los concesionarios de las licencias estaban planteándose renunciar a las mismas, dadas las dificultades que se están encontrando para conseguir los préstamos para pagar el canon de la licencia, que asciende a 180.000 euros.
Cardell consideró que si era necesario ampliar el número de licencias estacionales de taxi, se podía hablar al respecto, «pero estas licencias son para toda la vida y eso es algo que se debe tener muy en cuenta».
Suspensión
Desde el Ayuntamiento, el concejal de Mobilitat, Aitor Morrás, defendió la medida que recordó que ya estaba planificada desde la anterior legislatura.
Consideró que la ampliación del número de licencias estaba justificada por necesidades de servicio público e indicó que el método de concesión que se utiliza en todos los municipios es mediante el pago de cánones. «No existe en ningún caso afán recaudatorio, se trata de un procedimiento reglado que se ha puesto en marcha de acuerdo a la planificación municipal», aseguró.
Respecto a las medidas cautelares solicitadas, Morrás indicó que se atenderá a lo que establezca el TSJIB. A la espera de la resolución faltaría solamente la convocatoria de la mesa para la adjudicación de las licencias.