El Ayuntamiento de Sant Antoni solicitó en la anterior legislatura al departamento de Medio Ambiente la elaboración de un informe con alternativas para el atraque de yates en el actual muelle comercial.
El informe técnico, redactado a solicitud del concejal delegado de Medio Ambiente, Pablo Valdés, en febrero de 2019, se compone de dos apartados. En el primero, de apenas cinco líneas, se recalcan las recomendaciones hechas por el estudio sobre impacto del tráfico de ferris en la Bahía de Sant Antoni elaborado por la consultora Duna Baleares a petición del Consistorio, la primera de ellas: «la reducción o eliminación del tráfico marítimo comercial.
El segundo apartado hace referencia a las «cuantificaciones económicas», es decir, alternativas frente a las pérdidas que sufriría la gestora de la infraestructura portuaria (Ports IB). El informe plantea transformar el muelle comercial en una zona de atraque para embarcaciones de recreo de mediana y gran eslora.
Los escenarios
El documento expone dos posibles escenarios para obtener beneficios económicos de esta insfraestructura portuaria: la opción 1 supondría instalar doce amarres de embarcaciones de gran eslora, desde los 30 hasta los 60 metros; la opción 2 plantea instalar 53 amarres, dos para embarcaciones de 60 y 70 metros de eslora y los otros 51 para embarcaciones de entre 11 y 18 metros de eslora.
La opción 1 es la más sencilla y la que más beneficios reporta. Las 12 embarcaciones atracarían directamente en el muelle comercial con una necesidad mínima de infraestructura, del mismo modo que lo hacen los yates amarrados a ambos lados de la plaza del Martell en Vila.
Se ofrecería una ocupación de 4.500 m2 con una inversión prácticamente nula, sencillamente las conexiones eléctricas y de agua y los fondeos. Esta alternativa incluye un amarre para embarcaciones de 60 metros de eslora, tres amarres para embarcaciones de 50 metros de eslora, cuatro amarres para embarcaciones de 40 metros de eslora y otros cuatro amarres para embarcaciones de 30 metros de eslora.
El documento destaca que en la costa oeste de la isla de Ibiza «no existe prácticamente oferta para embarcaciones de gran eslora», lo que situaría al puerto de Sant Antoni «en la ruta de esta clase de embarcaciones».
Los ingresos económicos de esta infraestructura estarían entre los 400.000 euros y los 1,2 millones de euros. En este punto cabe mencionar que el Informe de evaluación del tráfico comercial en el puerto de Sant Antoni de Portmany, que hizo público la entidad Ports IB en el mes de octubre, hacía notar que la falta de uso del muelle comercial suponía unas pérdidas económicas superiores a los 500.000 euros.
Para el cálculo de los ingresos por el atraque de yates se hace una media de las tarifas de las concesiones de Marina Ibiza e Ibiza Magna (del puerto de Vila) y el Club Náutico de Sant Antoni. Conforme a las tarifas de 2015, el precio de atraque de una embarcación de 60 metros y 12 metros de manga (ancho) sería de 5,02 euros el m2/día en el mes de agosto. Esto supondría unos ingresos de 3.614,4 euros diarios. En el otro extremo, un espacio de atraque de 30 metros de eslora y 7 de manga tendría un precio de 3,80 euros m2/día, lo que reportaría a la administradora del amarre 800 euros cada día ocupado.
El informe hace una estimación «extremadamente prudente», con una ocupación del 5% en abril, un 15% en mayo, un 40% en junio, un 60% en julio y un 75% en agosto. Con estos cálculos los beneficios ascenderían a 1,2 millones de euros al año sin tener en cuenta los servicios de agua y electricidad.
El informe también considera las tarifas de Ports IB, «un 70% por debajo del precio de mercado» que aún así supondrían unos ingresos de 401.787,25 euros anuales.
La segunda opción implica la instalación de dos amarres de gran eslora (60 y 70 metros) y otros 51 de esloras entre los 11 y los 18 metros. Este escenario supondría la instalación de varias plataformas para el atraque de las pequeñas embarcaciones mientras que las dos de gran eslora atracarían directamente en el muelle actual.
Esta alternativa reportaría unos ingresos, conforme a la media de precios de mercado, de 943.530 euros al año de acuerdo con las mismas estimaciones del escenario 1.
Reacciones políticas
El actual primer teniente de alcalde, Joan Torres, que fue concejal de Comercio, Movilidad, Vía Pública, Agricultura y Pesca en la anterior legislatura, admitió tener conocimiento de este informe.
Según indicó, el estudio se hizo para plantear a Ports IB una opción económica viable frente al cese del tráfico de ferris, dado que la entidad «enfocaba el tema casi exclusivamente desde el ámbito económico». «Se quería poner sobre la mesa que había alternativas, porque el ingreso para Ports IB podía ser similar o superior si se alquilaban amarres a yates de gran eslora», indicó.
En este sentido, quiso subrayar que existía una oposición al atraque de ferris por su impacto, pero no a que Ports IB obtuviera un beneficio económico de la explotación de ese espacio portuario mediante otras opciones.
Por otra parte, indicó que esta alternativa supondría «ganar» este espacio para la ciudadanía, dado que se podría incluir un paseo. Respecto al uso del muelle para embarcaciones comerciales en caso de emergencia, señaló que sería posible su desalojo en caso necesario.
Preguntado respecto a un posible interés económico del Club Náutico de Sant Antoni por este espacio, negó que pudiera existir desde su perspectiva, dado que se trata de una entidad sin ánimo de lucro con atraques suficientes para sus socios y que ya tiene una concesión por un plazo limitado.
El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, no quiso comentar «un informe que fue solicitado por el anterior ejecutivo» que indicó que no corresponde con la actual línea de actuación. Sí quiso señalar que actualmente existe una decisión del Pleno de defender que no regrese a Sant Antoni el tráfico comercial, que será respetada por el ejecutivo que preside, aunque su grupo (PP) votase en contra.
El portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, indicó no tener constancia de este informe. En cualquier caso, manifestó que la opción aprobada en pleno y respaldada por su grupo implica la recuperación de este espacio para los ciudadanos de Sant Antoni y la suspensión definitiva del tráfico de ferris, sin entrar a valorar otras opciones.