El Govern balear aporta la antigua estación marítima de Ciutadella, cedida por Ports IB a Educación, y financia íntegramente la mal llamada escuela de hostelería de Menorca. Digo mal llamada porque en realidad se trata de un centro integrado de FP.
La mal llamada Escuela de Hostelería de Baleares, digo mal llamada porque debería llamarse Escuela de Hostelería de Mallorca, fue creada por el Govern balear y la UIB en 1995 y obviamente, financiada íntegramente por fondos autonómicos. El centro depende la Conselleria de Trabajo.
La futura Escuela de Hostelería de Ibiza se levantará en uno de los edificios de sa Coma que todos los ibicencos han pagado dos veces, ya que era propiedad del Estado y fue adquirido por el Consell d'Eivissa, en virtud de las inversiones estatutarias negociadas por Xico Tarrés en 2007.
La construcción del centro costará 7,6 millones de euros. 4,5 millones los aportarán los turistas que visitan Ibiza a través de la ecotasa, parte de cuya recaudación no se reinvierte íntegramente en Ibiza y sirve para pagar cosas en otras islas, entre ellas, el citado centro de Ciutadella. Y 3,1 serán aportados por el Consell d'Eivissa, en virtud de un convenio ignominioso que nunca debió suscribir en estos términos el entonces presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Torres. Mal que le pese.
El actual, Vicent Marí, aprovechó su discurso del acto de la primera piedra del miércoles para reclamarle a Francina Armengol renegociar el convenio, en base a un argumento que es indiscutible: esa aportación extraordinaria se detrae de los fondos que recibe la institución para financiar las competencias que le son propias, entre las que no están ni educación, ni trabajo. «No queremos más que los demás, pero tampoco menos», dijo Marí.
Mal negocio para Ibiza con la complicidad de los socialistas.
Armengol se desentendió de la reclamación, se limitó a recordar que los compromisos se cumplen y aludió a la financiación europea como posible solución.
Hoy publicamos un artículo de opinión de Torres en el que el actual portavoz del Grupo Socialista no solo no pide perdón a los ibicencos por haber facilitado el saqueo de sus fondos, ni se pone a disposición de Marí para articular un frente común que permita corregir el agravio, sino que defiende el «compromiso y soporte» de Armengol y Pilar Costa y aplaude con las orejas la cofinanciación de la instalación, ya que, a su entender, es la «fórmula más adecuada».
En otras palabras, está entre satisfecho y muy satisfecho de que le hayan sisado la cartera al mismo tiempo que nos trata de estúpidos con el argumento de que la obra no se habría puesto en marcha, si no llega a ser por la aportación del Consell d'Eivissa.
La instalación la debe pagar la Comunidad. El Consell cumpliría con creces su compromiso aportando el terreno.
El colmo del desatino de Torres es justificar la felonía con que el Partido Popular no reclamó en su momento los 9,1 millones de euros que costó la antigua comandancia militar, otro edificio pagado dos veces por los ibicencos, para que se convirtiera en la sede de la extensión de la UIB, otra operación ruinosa para las arcas del Consell d'Eivissa.
No contento califica, además, la legítima reclamación de Marí de «oportunista y partidista».
Quizá esta obra sea financiada por los fondos de resilencia europeos y se logre salvar los muebles, lo que sería una excelente noticia que no tapará, en cualquier caso, el maltrato sistemático que los ibicencos reciben del mal llamado Govern balear, digo mal llamado porque episodios como este, y lamentablemente es solo un ejemplo más, reflejan que es el Govern de Mallorca.
Los test de antígenos, otro lío. El portavoz del Comité de Enfermedades Infecciosas del Govern, Javier Arranz, lo volvió a decir el viernes: los test de antígenos no sirven para identificar a personas portadoras del virus asintomáticas y, por lo tanto, no son válidos para evitar la entrada del virus a través de los viajeros.
Esta realidad no gusta a los hoteleros porque no les conviene. Gabriel Escarrer, el CEO de Melià Hotels y presidente de Exceltur, insistió en varias ocasiones el jueves en el Foro Turismo de Santa Eulària en que los PCR en origen que se exigirán a partir de mañana a los viajeros que entren en España desincentivan el turismo, ya que cuestan más que el billete de avión.
A pesar de ello, Baleares quiere que se extienda la obligación a los viajeros nacionales, ya que es la única manera, en estos momentos, de permitir actividad sin correr el riesgo de reintroducción del virus, como nos pasó este verano.
Los datos de efectividad que se conocen de la Comunidad de Madrid dan la razón a Arranz, ya que el porcentaje de casos identificados con los test rápidos en el cribado es irrisorio.
Aún no se puede demostrar que las personas contagiadas que dan negativo en el test de antígenos tengan escasa capacidad de transmisión del virus, lo que sería muy bienvenido, ya que daría sentido a la utilización de una herramienta mucho más barata que la PCR y que ofrece resultados en 15 minutos sin necesidad de laboratorio.
Con estas evidencias sobre la mesa, no se entiende que el Ministerio de Sanidad haya enviado miles de test de antígenos a Baleares para que sean usados en los aeropuertos en aquellos viajeros que cometan la osadía de saltarse la obligación de viajar con una PCR hecha un máximo de 72 horas antes de volar.
En cualquier caso, Ibiza no tiene vuelos internacionales. Muerto el perro se acabó la rabia, al menos hasta que en Navidades se retomen las rutas previstas con París, Amsterdam, Düsseldorf y Zurich.