Josep Lluís Mollà Ferrer (Xátiva, 1972) es el director del colegio Can Bonet desde hace 18 años. Además de su trabajo en el centro de Ses Païsses, este sacerdote es delegado de Ceceib en las Pitiusas y portavoz en las islas de la plataforma Schola Libera, que está integrada por Ceceib-aceneb, Confaecib, ECIB, Faib-Concapa, Feipimeb, Feuso Baleares, FSIE Baleares y UNAC.
— ¿Qué es Schola Libera?
— Es una agrupación de todos los sectores preocupados por la educación y que se ven amenazados por la Ley Celaà. Queremos que haya pluralidad porque creemos que es lo que nos enriquece. Que haya diversidad. No ser monolíticos. Cuando los partidos que nos gobiernan hablan tanto de democracia y libertades, no se termina de entender que hagan leyes que van contra lo que ellos predican. Tenemos que ser visibles y estar presentes dentro de la legalidad actual, por eso hicimos la manifestación con coches.
— A nivel de Ibiza y Formentera, ¿cuál es la situación de la escuela concertada?
— Pues en Pitiusas tenemos bajo el Obispado a tres colegios. Nosotros, Can Bonet; Sa Real en Ibiza; y en Formentera está el Virgen Milagrosa que se está ampliando porque la demanda de las familias ha querido que el centro sea también de Primaria. A nivel de colegios religiosos de congregaciones tenemos en Ibiza la Consolación, en Sant Jordi el Virgen de las Nieves y en San Antonio el de la Santísima Trinidad. También está el colegio que hay en Sant Josep y que lleva Amadiba que es de educación especial. Luego, a nivel privado está el Mestral, el Liceo Francés y el Morna. Esta es la oferta que hay en Pitiusas de cara a las familias que buscan una educación un poco más particular. Nosotros tenemos estos conciertos desde hace muchos años y tenemos que ver en qué situación quedamos con la Ley Celaà.
— ¿Cuántos alumnos hay actualmente en Ibiza dentro de estos centros? ¿Cae o sube la demanda?
— Pues haciendo cuentas rápidas, hay más de 2.700 alumnos. La demanda siempre ha sido bastante elevada. Nunca se ha podido garantizar plaza a todas las familias que han solicitado educar a sus hijos en nuestros centros. Los alumnos que se quedan fuera pues son derivados a la escuela pública estatal, como me gusta llamarla a mí. Nosotros también somos un servicio público, no estamos cerrados a nadie. Aquí tenemos todo tipo de alumnos como en un colegio estatal. Esta es una gran realidad. Además, en Ibiza sabemos que hay un sector que demanda en la zona norte de la isla un colegio nuevo con las características de un centro privado o concertado. Hay demanda, pero no hay oferta en esa zona. Nos gustaría que esto fuese una realidad porque sería tener una línea más de educación en la zona de Santa Eulalia y San Juan.
— Cuando se habla de escuela pública y privada, parece que está claro, pero quizás haya más dudas con la concertada. ¿Cuál es la principal diferencia?
— La principal diferencia está en el proyecto educativo. Este viene dado por el carácter propio de los centros. ¿Qué motivó que se fundase un centro nuevo? Pues la demanda social, que en el caso del Can Bonet fue cubierta por el Obispado de Ibiza. En otros casos fueron congregaciones religiosas que estuvieron presentes en el ámbito educativo durante mucho tiempo. Algunas órdenes como los Agustinos en Sant Josep cerraron su colegio. Tenemos un proyecto educativo muy claro con unos valores que a algunas familias le interesa. La gente conoce el proyecto educativo y lo solicita. Yo invito a las familias que no nos conozcan a que lo hagan y vean cuál es la realidad de un centro privado o concertado. Que vean nuestro proyecto educativo y que no tengan miedo. Llevamos muchos años en la educación, hemos contribuido a formar a buenos ciudadanos, libres y honrados. Buscando siempre el bien común que es lo que nos interesa a todos los que compartimos un mismo espacio.
— Recogen firmas, han organizado protestas… ¿Qué tiene de malo la Ley Celaà?
— Para mí, cercena las libertades. Vamos al ámbito comercial. Imagínese usted que solo puede ir a comprar a un solo supermercado porque el estado no permite que haya otra oferta de supermercados. Entonces solo se podría adquirir esos productos y de unas marcas concretas. Traslademos esto al sistema educativo. Si usted no me da libertad para elegir entre diferentes tipos de enseñanza, me está restringiendo mis libertades.
No me da la capacidad de ajustar mi proyecto de vida a los que yo considero que se ajustan mis necesidades. Esto va a derivar en que cuando se vayan a hacer planificaciones las matriculas se van a priorizar en los centros estatales y no en los concertados, cuando somos complementarios y vamos en paralelo. Parece que en la Ley Celaà se nos quiere estigmatizar y parece que es un mal que existamos, cuando la historia nos demuestra todo lo contrario. Por otro lado, también hay un capítulo sensible con los centros de educación especial. En los colegios tenemos unidades ordinarias, podríamos decir.
Dentro de estos centros tenemos algunos alumnos integrados que tienen necesidades educativas especiales. Pero también hay otros centros que educan en aulas por las circunstancias en las que se encuentra. Yo no soy especialista, pero sé de las dificultades que comporta tener matriculado a un alumno con necesidades especiales en un aula ordinaria. En algunos centros estatales existen aulas que se llaman hueco que son para este tipo de alumnos y que son clases de pocos estudiantes y muchos especialistas. La Ley Celaà obvia que se necesita formación especial del docente, triplicar los recursos para atender a este tipo de alumnos, ya que con los recursos actuales es inviable. Esto va a generar mucha conflictividad en un ámbito en el que ya luchamos con muchos factores adversos.
— Hace un par de semanas en una lectura de un manifiesto, se habló de riesgo de desaparición de la educación concertada. ¿Es real?
— A corto plazo no. A largo plazo sí. Ya tenemos la experiencia de algunos gobiernos de comunidades autónomas, no es el caso de Baleares. Aquí, gracias a Dios, tenemos una Conselleria que ha sido capaz de escucharnos y darnos un trato justo. No nos ha arrinconado en muchas negociaciones y Martí March es una persona que ha sabido captar la importancia de la concertada en Baleares, donde somos aproximadamente el 37%. A largo plazo si la escolarización va a depender únicamente de la administración autonómica y teniendo como prioritarios los centros estatales, dejando que sean pocas las familias que puedan optar a los centros concertados... Esto disminuye el número de matrículas y puede hacer que se tengan que cerrar unidades porque si te piden un mínimo para sacar un grupo y no llegas a ese mínimo… Se terminará diciendo no hace falta este aula, la vamos a cerrar y reincorporamos a los alumnos a los centros estatales. Ese es el peligro que se ve.
— Hablaba antes de la libertad de elegir. También fue la principal argumentación esta concentración que se celebró en el Colegio Sa Real.
— Claro, es lo que decía antes. Se nos cercena la libertad de elección. Si solo puedo ir a un supermercado… ¿Cómo se llama esto? Esto es la estatalización de la educación. El monopolio de la educación. Por tanto, se priva a las familias de que tengan iniciativa social, que tengan capacidad ellos mismos de generar un tipo de escuela cumpliendo con los requisitos académicos curriculares para obtener la titulación correspondiente. Estamos reclamando nuestros derechos civiles que de alguna manera están siendo cercenados. Se va a hacer un recursos al Tribunal Constitucional, pero hay algunas leyes que se han recurrido y llevamos 10 años esperando por la resolución. Pues imagínese con esta ley que se va a aprobar dentro de 10 días con nocturnidad y alevosía, con mucha rapidez y premura, aprovechando que estamos en una situación de estado de alarma. Está claro que esta ley nos va a generar muchos problemas a nivel de educación concertada y privada.
— Uno de los temas polémicos siempre que hay una reforma educativa es la religión. En este caso tampoco es una excepción.
— El tema de la religión viene por el concordato con la Santa Sede. Hay unos acuerdos que hay que cumplir y respetar. Cuando se estableció la ley del gobierno de Aznar, se establecía que había que cursar de manera obligatoria religión o historia de la religión. Estaba el camino confesional y el no confesional. Esto permitía a las familias elegir entre un tipo u otro de educación y formación en valores. Esto no se pudo implantar porque Zapatero inmediatamente anuló todo esto. Pienso que si el Gobierno no quiere educación religiosa debería discutirlo en el ámbito que le corresponde que es en los acuerdos bilaterales entre estados. El Supremo siempre ha fallado a favor de la religión católica porque sino se incumplen estos acuerdos entre Iglesia y Estado.
— ¿Cree que hay una especie de persecución contra la religión?
— Yo no diría la palabra persecución. Creo que lo que se está intentando es difundir la idea de que todo lo religioso se debe quitar del ámbito público como si las personas no tuvieran un parte espiritual en su vida. Ahora con todo el tema de la emergencia sanitaria se ha puesto de manifiesto que mucha gente vive desorientada porque no ha tenido donde asirse. Privar a la población de tener una formación en el ámbito espiritual, en el ámbito de los valores, me parece que no beneficia a la salud psicosomática del individuo. Se está en la tendencia de querer hacerla desaparecer, pero no es solo eso. Se suplanta por otras ideologías y otros valores distintos a los que pueda ofrecer la religión católica. Dejemos que la gente elija. No quitemos la libertad de elección. No impongamos un único modelo como válido y auténtico.
— Otro tema polémico es la segregación por sexos…
— Dejen que los padres elijan libremente si quieren llevar a sus hijos a este tipo de centros. Hay estudios de todo tipo. Algunos dicen que lo ideal es que los alumnos estén en aulas mixtas y otros que dicen que lo ideal es que estén segregados por sexos. La realidad es que una vez que salen del colegio se encuentran que hay hombres y mujeres y que hay que relacionarse con todo el mundo. Hay familias que creen que esa es la mejor educación que pueden ofrecerle a sus hijos. ¿Por qué tenemos que privarles de ello? Son gente que pagan sus impuestos. Hay que respetar esa libertad de que puedan tener este tipo de centros para que sus hijos puedan tener la educación según sus propias convicciones.