La segunda fase de los Juzgados de Ibiza es la gran olvidada en los Presupuestos Generales del Estado 2021 y la exigua dotación aventura un futuro incierto para unos órganos judiciales que ya se encuentran en «una situación extrema», tal y como advierten a Periódico de Ibiza y Formentera el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, operadores jurídicos y el sindicato CSIF.
Las cuentas del Estado para 2021 destinan a Justicia un total de 2.048 millones de euros y tan solo recogen una partida de 71.240 euros para inversiones en Ibiza, según apuntaron desde el Ministerio.
«Venimos de donde venimos, de un incendio intencionado que paralizó durante meses la Justicia en Ibiza, una plaza con una carga de trabajo sobresaliente. La entrega del nuevo edificio se fue demorando en el tiempo y ahora vemos que apenas hay dinero para Ibiza y se invierte en juzgados como los de Vitigudino (Salamanca), Casas-Ibáñez (Albacete) o el Burgo de Osma (Soria). Seguro que también lo necesitan pero es que Ibiza está en una situación muy peliaguda y se debería haber tenido un poco más de consideración», apunta Sabino Aramburu, portavoz de Justicia del sindicato CSIF.
Por su parte, el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, hace hincapié en la necesidad de acabar «cuanto antes» la nueva sede judicial, un edificio que abrió sus puertas hace poco más de un año (el 2 de diciembre de 2019), pero que sólo tiene operativo el 60 por ciento de las instalaciones. El 40 por ciento restante quedó pendiente para una segunda fase que por ahora no tiene fecha y «no se vislumbra en el horizonte».
«Entiendo que a día de hoy la prioridad es combatir la pandemia, pero sería necesario que en 2022 se lleve adelante la finalización de la obra», apunta Juan Carlos Torres, quien advierte una cierta falta de voluntad política para dar el impulso necesario a los juzgados de Ibiza.
Torres insistió en la necesidad de concluir las obras ya que, según remarcó, se trata de un edificio concebido en su totalidad y mientras no esté acabado se producirán disfunciones. «Es evidente que al estar inacabado no rinde como debiera, ya que hay problemas de ubicación y de espacios para servicios tan importantes como la recepción y atención a las víctimas especialmente vulnerables como los niños y los menores», subrayó.
Desde el sindicato CSIF abundan en la precaria situación en la que se encuentra la admisnistración de Justicia en Ibiza. En este sentido, Sabino Aramburu, remarcó que «la situación es extrema y seguimos siendo los grandes olvidados. Parece que finalmente han introducido poco más de 70.000 euros para Ibiza, pero es que eso es lo que cobra un diputado al año. Es una broma de mal gusto por no llamarlo de otra manera», apostilló.
«Ibiza debería tener prioridad»
Aramburu advirtió que a día de hoy, con el edificio inacabado, la sede judicial de Ibiza es el «efecto palmario de la mala optimización de los espacios».
«Cada localidad y órgano judicial tiene sus problemas pero Ibiza debería ser una prioridad máxima por todo lo que ha pasado y las circunstancias especiales, pero parece que nadie esté por la labor», lamentó Aramburu, quien advirtió que van a licitar proyectos nuevos en Lorca; «hay dinero para licitar y empezar obras en Manacor, Torrijos (Toledo) y Navalmoral de la Mata (Cáceres), o rehabilitar Puertollano (Ciudad Real)».
Asimismo, puso el acento en la situación de los juzgados del Cetis. «Justicia debería hacer un estudio sobre los arrendamientos», apuntó el responsable sindical, quien barrunta que la estancia de Primera Instancia en el edificio Cetis se prolongará «uno, dos o tres años, una señal inequívoca» de que la finalización de la sede de sa Graduada se demorará.
A las críticas del sindicato CSIF se sumaron varios operadores jurídicos que tildan de «vital» la finalización de la obras, un hecho que entienden «urgente dada la precaria situación de la Justicia en Ibiza», que ya tuvo que esperar por la llegada de sa Graduada.