La construcción de la promoción de viviendas Vadella 24 en zona de dominio público hidráulico podría suponer para la empresa constructora una sanción por infracción grave de 105.000 euros y la obligación de reponer la zona a su estado anterior.
Así lo considera la instructora del procedimiento sancionador planteado por la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) contra Vadella Mediterranean Home, S.L por haber iniciado la edificación de Vadella 24 sin los informes pertinentes. Según el expediente, la obra se habría iniciado en plena desembocadura del torrente de Ses Coves, con un riesgo importante para las personas y para los bienes ubicados en esa zona en caso de un episodio de lluvias torrenciales.
El expediente del procedimiento sancionador de la DGRH por estos hechos, al que ha tenido acceso Periódico de Ibiza, se encuentra actualmente suspendido por la instrucción de un procedimiento penal por un supuesto delito contra el medio ambiente que tramita el juzgado de instrucción nº 4 de Ibiza.
Riesgo de inundación
En un informe sobre los riesgos que constituyen las obras de Vadella 24 que consta en el expediente, se concluye que «existe un riesgo evidente de inundabilidad dado que (la promoción) se encuentra en fase de obras, con unos sistemas de drenaje provisionales que no pueden garantizar ni la correcta captación del canal de Ses Coves ni su continuidad hasta la desembocadura ante un fenómeno de precipitación intensa».
El propio documento da por comprobado que el edificio Vadella 24 se encuentra en el cauce histórico del canal de Ses Coves o Torrent d'en Marc, con la consecuente afectación al dominio público hidráulico.
El torrente está identificado en los mapas históricos topográficos de las Islas Baleares y figura en los mapas militares de Ibiza.
Las distintas obras en la urbanización a lo largo de los años habrían provocado algunas desviaciones del cauce del torrente, pero «la ausencia de criterio hidrológico e hidráulico» ha llevado a que partes del cauce se hayan convertido en calles con «pasos hidráulicos deficientes» cuyas características «han aumentado las vulnerabilidades y riesgos para bienes, personas y medio ambiente sobre todo aguas abajo».
Respecto a las instalaciones de drenaje en el entorno de la obra, el informe menciona un colector de sección de un metro que vierte las pluviales por un corto canal que desemboca en la playa, conectado a ocho rejillas en la calle, se consideran insuficientes para un aguacero de período de 100 y 500 años.
Ya en septiembre de 2019, ante un episodio de lluvias intensas pero bastante inferiores a las previsiones de episodios intensos a 100 y 500 años, la interrupción del curso natural en la desembocadura provocó un efecto presa, inundando la zona y provocando una gran erosión y daños en la playa. Según otro informe del servicio de aguas superficiales, en la zona en la que se llevan a cabo las obras de Vadella 24 «ya no se reconoce el cauce del torrente, pero sí se evidencia topográficamente la imposibilidad de su transcurso y desagüe debido a las construcciones en curso».
Además, en el desagüe al mar, el Canal de ses Coves dispone de una formación sedimentaria mucho mayor que el torrente de cala Vadella (en el lado contrario de la playa) con unas «líneas de energía hidráulica más importantes» que las de este torrente.
Por otra parte, los servicios jurídicos de la Conselleria balear de Medio Ambiente, remitieron también al juzgado de instrucción nº 4 de Ibiza el expediente iniciado contra la urbanizadora UMSA por unos hechos análogos al haber ejecutado movimientos de tierra para las obras de ampliación de la depuradora de Cala Vadella un poco más arriba en el mismo cauce del canal de Ses Coves.
Obras paralizadas
El Consistorio de Sant Josep ordenó en octubre de 2019 la paralización de las obras de Vadella 24 a instancia de la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern por estar construyéndose dentro de la desembocadura del canal de Ses Coves sin la autorización preceptiva. Por su parte, los promotores de Vadella 24, defendieron en su momento que la paralización era irregular por parte de la Administración municipal y consideran que no existe la afectación que defiende el organismo balear.
Un procedimiento administrativo que pasa al orden penal
En septiembre de 2020 la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) recibió la solicitud del juzgado de instrucción 4 de Eivissa, en el que se solicitaba el informe resultante de la diligencia de reconocimiento del entorno de las obras de Vadella 24 que constan en el expediente que llevaba a cabo el organismo contra la constructora. El juzgado quería conocer el riesgo de inundabilidad de la zona en la que se ubican las obras.
Debido a la prioridad del orden penal y al principio de non bis in idem, es decir, de no sancionar dos veces los mismos hechos, la instructora del procedimiento administrativo propuso la suspensión del procedimiento administrativo hasta que la autoridad judicial se pronuncie respecto a los hechos, que se encuentran todavía en la fase de instrucción. Si no se apreciase delito o falta, la DGRH retomaría el expediente sancionador. En una situación análoga se encontrarían las obras que inició en 2019 la urbanizadora UMSA en la depuradora de Cala Vadella, instalada también en dominio público hidráulico, en las que se podría haber cometido, el mismo supuesto delito medioambiental.