«Nos sentimos los apestados de esta pandemia». Así de contundente se mostró ayer Sandra Cormenzana Bufí, una de las propietarias del bar Can Bufí en Sa Blanca Dona, durante la cacerolada convocada por la Asociación de Bares y Restaurantes de la isla de Ibiza (ABRE) contra el Gobierno central y el Govern balear para protestar por el cierre forzoso de los establecimientos hosteleros sin que haya ayudas compensatorias a los establecimientos.
Una protesta que fue muy discreta en toda la isla en cuanto a participación pero que sirvió para que, una vez más, este sector se reivindicase y se hiciese escuchar ante el silencio de las administraciones frente a sus reclamaciones.
Injusticia
Cormenzana aseguró que «no es justo lo que se está haciendo contra la hostelería» ya que se trata de un sector que ha hecho las inversiones necesarias y todo lo que está en su mano «para desinfectar y cumplir a rajatabla todo lo que nos han exigido desde la administración».
En este sentido reclamó que «se piense más en nosotros» ya que, en el caso de su establecimiento «somos las tercera generación que llevamos el bar Can Bufí y estamos luchando por sacar a flote el negocio que nos mantiene a nosotros como propietarios y a tres familias más».
A las 11 de la mañana estaba convocado el inicio de esta protesta y, los locales de la ciudad de Ibiza que se sumaron a ella, lograron al menos llenar determinadas calles de ruido en favor de sus negocios y su sustento.
Uno de ellos fue Carlos, del bar Can Brodis quien aseguró que «como no nos dejan trabajar, por lo menos que salgan ya las ayudas directas que tanto nos prometieron y que aún no han llegado».
Unas compensaciones que, a su entender, deben ser «reales» porque «con 1.500 euros al mes no podemos pagar los autónomos, la luz, el agua y mucho menos los alquileres».
Para este hostelero las ayudas que se reclaman al Ejecutivo «nos tienen que permitir, por lo menos, mantenernos a flote hasta que nos dejen trabajar otra vez».
Y es que las posibilidades que permite este nivel 4 reforzado a la hostelería, que es abrir exclusivamente para que el cliente pueda llevarse el producto, no les compensa. «El servicio para llevar no nos sale a cuenta», reconoció Carlos, «nos provoca más gasto que beneficio».
En el caso del bar Can Brodis son 3 personas las afectadas por esta situación, dos socios «y un cocinero que está en ERTE y que lleva sin cobrar desde el mes de septiembre. Una auténtica vergüenza», señaló.
En la misma calle, a una decena de metros, Alex y sus compañeros golpeaban sus cacerolas en el bar La Vida. «Nos urge que empiecen a darnos ya las ayudas», argumentó, «aunque parece que por mucho que nos manifestemos nadie nos escucha».
Al igual como sucede en otros establecimientos de la isla, «no tenemos más remedio que mantener cerrado porque, aunque exista la posibilidad de abrir con el servicio para llevar, ni siquiera nos cubre los gastos».
En el caso del La Vida son 6 trabajadores y todos ellos inmersos en un ERTE. «Hemos trabajado todo el año unas 14 horas al día porque la situación no estaba para poder contratar a más gente”, recordó Alex, “y ahora estamos todos al límite de nuestras fuerzas y prácticamente sin ingresos debido a esta situación», añadió.
La situación de El Local, otro de los restaurantes que se sumaron ayer a la protesta, es muy similar. Según explicó su propietario, Miquele Sampieri, el establecimiento lleva cerrado desde el mes de septiembre «porque es muy pequeño y no tengo terraza, y si me limitan el aforo me es imposible trabajar».
Sampieri reconoció a su vez que el servicio para llevar nunca ha funcionado bien en su restaurante, «y aunque es la única alternativa que me queda no confío en que vaya a funcionar ahora». En su caso él es el único trabajador en la empresa «ya que cuando empezaron las primeras limitaciones tuve que cerrar y mandar a todos a casa».
Sin aglomeraciones
Los establecimientos adheridos a la Asociación de Bares y Restaurante de Ibiza han llevado a cabo esta protesta frente a sus negocios, sin provocar aglomeraciones, con el fin de respetar la prohibición de realizar reuniones sociales.
El portavoz de ABRE, Juan Olmos, recordó que ya la pasada semana se celebró en Ibiza una manifestación motorizada para reclamar medidas urgentes para el sector aunque lamentó que, por el momento, nadie les haya contestado y, en cuanto a las ayudas anunciadas por el Govern, desconozcan cuándo y cómo van a llegar.
Ante esta situación, insistió en que el colectivo de la restauración de Ibiza seguirá «haciendo ruido y exigiendo derechos» porque, si las administraciones obligan a cerrar, deberían existir contraprestaciones.
Olmos recordó a su vez que todo el esfuerzo que está realizando el Estado con los ERTEs para salvar a los trabajadores «no servirá de nada, porque esos trabajadores no tendrán puestos de trabajo cuando todo esto acabe».
Desde ABRE lamentaron que, a diario, conocen casos de establecimientos que cierran sus puertas para no volver a abrir y, además, aseguraron que otros países de Europa están destinando mucho más dinero en ayudar al sector.
Sobre la prolongación del cierre de los bares y restaurantes ante el aumento de contagios en el archipiélago, Olmos reconoció que es algo que esperaban y puntualizó que «el problema no está ahí», aunque entienden que haya que cerrar por el bien de la salud pública. «Si obligan a cerrar», aclaró, «se necesitan unas contraprestaciones para que las empresas sigan siendo viables. No puede ser que las facturas sigan llegando al 100%», insistió.