El Govern balear comunicó ayer a las principales patronales y sindicatos de las islas que mantendrá el cierre completo de los bares y restaurantes durante dos semanas más, hasta el 1 de marzo, para prevenir la expansión de los contagios de covid. Este sábado concluía la vigencia de la última orden de clausura de la restauración, que afecta a Mallorca, Ibiza y Formentera y al interior de los locales de hostelería de Menorca, donde sí pueden abrir las terrazas con una ocupación del 30% y con horarios limitados.
Mañana, viernes, el Govern ratificará esta ampliación de las restricciones, que deberán ser publicadas en el Boletín de la Comunidad, según anunció el director general de Promoción Económica del Govern, Manel Porras, que calificó de «difícil» esta decisión del Ejecutivo autonómico porque el cese de la actividad «está afectando a muchas empresas y familias», pero matizó que la prioridad del Govern es «velar por la salud pública» y tratar de asegurar la próxima temporada turística». Porras subrayó que «es necesario esperar» y mantener la cautela, y aseguró que el proceso de desescalada tras esta nueva ola de la pandemia se hará en consenso con las patronales y los sindicatos.
Recursos pendientes
El cierre de los bares, restaurantes y cafeterías ha desencadenado reacciones dispares en las comunidades autónomas. En este momento, los tribunales de Cataluña, Extremadura, Galicia, Asturias y la Comunidad Valenciana todavía no se han pronunciado sobre los recursos presentados para la reapertura de la hostelería, una vez que se conoció el martes que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJB) ha fallado a favor de los hosteleros y permite reabrir la restauración en los municipios que se encuentren en ‘zona roja'. Tras este auto del TSJPV, algunas asociaciones de hostelería se han planteado sumarse a estos recursos y querellas en la línea de los registrados por los hosteleros vascos. En el caso de Balears, se está a la espera de la respuesta del TSJIB, después de que un grupo de empresarios, a título individual, aunque con el aplauso de la patronal mallorquina Pimem, presentaran a final de enero un recurso en esta línea.
En el caso de Ibiza, la gran mayoría de los hosteleros prefiere no entrar en litigio judicial, pero el número de consultas de los asociados a la Pimeef para interesarse por la posibilidad de emprender accciones legales no para de crecer, y es que propietarios de restaurantes, bares y cafeterías de Ibiza también han comenzado a movilizarse para reclamar indemnizaciones por el cierre de sus negocios. El sector está al límite y todos exigen a las administraciones que incrementen las ayudas y que se hagan efectivas de inmediato. El objetivo es común y la batalla legal acaba de empezar, aunque por el momento se descarta que se sumen al aluvión de recursos para que, en el caso de las islas, las restricciones impuestas por el Govern balear sean revocadas o suavizadas. De esta forma, la restauración insular se desmarca de la ‘línea dura' adoptada por los empresarios vascos y de otras comunidades donde las patronales sostienen, entre otros argumentos, que la hostelería no constituye un foco de contagios, en contra de la opinión de las autoridades sanitarias.
La presidenta del sector de Restauración de la Pimeef, Verónica Juan, confirmó ayer que está creciendo el número de asociados que acuden a las oficinas de la patronal para pedir asesoramiento sobre las iniciativas que pueden secundar para unirse a las reclamaciones.
Por un lado, la mayoría acata las restricciones pero no están dispuestos a aceptar las pérdidas que ha acarreado el cierre. «Hemos cumplido y hemos cerrado; hemos aceptado los parámetros y las condiciones que nos han impuesto para preservar la salud común, pero al hostelero que se le ha privado la posibilidad de trabajar y producir no puede hacerse cargo de las consecuencias de una decisión pública», expresa Verónica Juan.
Paralelamente, también aumenta el número de asociados a la Pimeef que se muestra más favorable a iniciar acciones judiciales para exigir compensaciones a la Administración, en la vía del contencioso que también han emprendido asociados a la patronal de restauración de Mallorca.
«En la Pimeef, les asesoramos o les ponemos en contacto con bufetes que se están encargando de centralizar las reclamaciones, porque cada día se está notando que hay más interés por emprender acciones legales», subraya la presidenta del sector, que agrupa a 330 empresas de Ibiza y Formentera y que se inclina por una reivindicación más moderada, motivo por el cual no apoyaron desde Ibiza las manifestaciones del sector en Palma, «porque no estaban autorizadas».
Tras la sentencia del TSJPV, la Asociación de Bares y Restaurantes de la isla de Ibiza (ABRE) se planteó la posibilidad de iniciar acciones similares, pero después de sondear a sus integrantes desestimaron la vía del litigio y se decantaron mayoritariamente por respaldar las medidas del Govern balear, «porque muchos de nosotros pensamos que en esta situación sanitaria no debemos abrir y debemos contribuir a arreglar la situación snaitaria», expresó el presidente de esta entidad, Juan Olmos.