La polémica de la equiparación salarial por residencia ya ha llegado a Madrid. El Partido Popular presentó en el Senado una moción que pide la revisión de este complemento, una de las reivindicaciones históricas de los funcionarios de la isla.
El texto presentado a la Comisión de Función Pública reclama revisar durante este año las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en Baleares, «procediendo a la modificación de las cuantías con objeto de adaptarlas a la realidad actual mediante la dotación presupuestaria correspondiente que como mínimo deberá ser de 16 millones de euros adicionales para el ejercicio 2021 a los ya contemplados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, procediéndose a la actualización posterior de acuerdo con lo que cada año establezcan los Presupuestos Generales».
El texto lleva un segundo punto a consecuencia de lo anterior. En este se reclama «realizar las modificaciones legales pertinentes que habiliten a Baleares a incrementar las retribuciones del personal al servicio de su sector público en hasta un 50% del incremento que se establezca para el personal al servicio del sector público estatal, sin que dicho incremento compute a los efectos de lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado».
El PP recordó, además, que el artículo 138.1 de la Constitución establece que «el estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular».
Del mismo modo, señalaron que en 2019 en concepto de indemnización por residencia, el Estado pagó a todo su personal de Baleares una cantidad total de 8.481.272,06 euros.
En su escrito, los populares también hicieron hincapié en que los «costes de la insularidad que sufren los ciudadanos de Baleares son muy superiores a los que reconoce el Estado» ya que tanto «la cesta de consumo de los bienes» como el «mercado inmobiliario» se han encarecido.