Los cálculos más optimistas apuntan a enero de 2023 como el principio de los trabajos que harán de la bahía de Sant Antoni un lugar apto para que todos los ciudadanos que quieran, incluidos los discapacitados, puedan pasear desde Port des Torrent hasta Cala Gracioneta, más de 10 kilómetros de costa, disfrutando de la primera línea de mar, algo impensable hasta el momento dado el caótico y en ocasiones intransitable estado de esta zona.
Y los principales responsables de esta futura transformación son los ayuntamientos de San Josep, por donde transcurre la mayor parte del recorrido de esta actuación, y Sant Antoni, que ya tenía parte del trabajo hecho con el paseo marítimo desde Sa Punta des Molí hasta Caló des Moro.
Los objetivos que se plantearon a la hora de idear este macro proyecto fueron, entre otros, unificar la zona costera de la bahía y habilitarla para viandantes y ciclistas; mejorar y reordenar las estructuras de saneamiento de toda la zona para evitar vertidos al mar, así como minimizar el impacto visual de las casetas de los pozos de bombeo que hay a lo largo de la costa y rehabilitar y ampliar los muelles existentes para mejorar el tránsito marítimo entre los dos márgenes de la bahía de Portmany.
Además, la intención es que sea un ejemplo de integración paisajística con un impacto mínimo al entorno. Permitirá, asimismo, erradicar los vertidos incontrolados al mar y dará la oportunidad de recuperarse a los frágiles ecosistemas marítimos litorales de la zona.
Para Pilar Ribas, concejal de Contratación, Comercio e Industria del Consistorio josepí, esta iniciativa es «como mi hijo». De hecho, cuando empezó a gestarse en la pasada legislatura «nadie creía en este proyecto» y fue ella la que más insistió desde el gabinete de Alcaldía para incluirla en el Plan Anual de Impulso al Turismo Sostenible del Govern balear y lograr, de esta forma, una partida presupuestaria para llevarla a cabo.
Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni, coincidió a su vez en la importancia de esta iniciativa para dar «continuidad a los trabajos que ya se realizaron hace años» en su municipio y a la hora de poner en valor la costa de Portmany, especialmente los enclaves de Cala Gració y Cala Gracioneta.
Sacar adelante un proyecto de esta envergadura no es nada fácil. «Es muy farragoso a nivel de papeleo y muy grande», destacó Pilar Ribas. En primer lugar porque, económicamente, depende de cuatro administraciones «y en el aspecto de gestión, de dos», los ayuntamientos de Sant Josep y Sant Antoni.
Las dos instituciones municipales llegaron a un acuerdo para llevar a cabo todos los trámites del proyecto y se decidió la contratación de una oficina técnica, que empezó a trabajar en julio del año pasado y que, entre otros aspectos, se encarga de pedir autorizaciones a la Demarcación de Costas, afecciones a particulares «y todo tipo de papeleo, además de vigilar cómo discurre el proyecto», explicó Ribas.
Además, a finales de 2020 se adjudicó la licitación del proyecto en sí y está a punto de quedar plasmada en un anteproyecto inicial. «En teoría a finales de febrero o principios de marzo nos iban a presentar un anteproyecto inicial, y si los ayuntamientos dan el visto bueno se podrá poner a exposición pública», adelantó la concejal de Comercio de Sant Josep.
Marcos Serra, por su parte, recordó que el Consistorio que dirige ya disponía desde 2005 de un proyecto para ejecutar los trabajos que quedan por desarrollar desde Caló des Moro hasta Cala Gracioneta. «Este proyecto se redactó en 2005 merced a un convenio de colaboración entre el Govern balear y el Ministerio de Medio Ambiente», explicó Serra, «por lo que lo hemos puesto en conocimiento del equipo elaborador del nuevo proyecto para que aproveche todo lo que se pueda, porque entendemos que tras en tiempo transcurrido habrá que realizar algunos cambios».
De cualquier forma, ambas instituciones reconocen que lo más importantes en estos momentos es decidir y definir el trazado «porque teniendo un trazado fijo podremos avanzar y pedir todos los permisos necesarios a la Demarcación de Costas y al Consell. Además, en caso de que se tuviera que hacer alguna cesión o expropiación, lo podríamos gestionar cuanto antes», precisó Ribas.
El coste de esta macro intervención que supondrá un auténtico lavado de cara de la bahía de Sant Antoni asciende a algo más de 20 millones de euros. El 50% del presupuesto, alrededor de 10,1 millones de euros, los aportará el Govern balear. El Consell d'Eivissa se hará cargo del 25% del precio, suma que asciende a algo más de 5 millones.
En cuanto a los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep, afrontarán el gasto dependiendo de las actuaciones que haya que hacer en su territorio. En este caso el Consistorio josepí afrontará el 20% del presupuesto, casi un millón de euros, mientras que la administración portmanyí se hará cargo del 5%, lo que equivale a casi un millón de euros.