«Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas no dije nada yo no era comunista.
Cuando vinieron a buscar a los social-demócratas no dije nada yo no era social-demócrata.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no dije nada yo no era sindicalista.
Cuando vinieron a buscar a los católicos no dije nada yo no era católico.
Cuando vinieron a buscar a los judíos no dije nada yo no era judío.
Luego, ellos vinieron a buscarme y no quedaba nadie para protestar».
No es la primera vez que reproduzco el poema que escribió, o al menos es atribuido, al pastor y teólogo alemán Martín Niemöller y mucho me temo que no será la última. La primera fue el 16 de febrero de 2020, a cuenta de las cabras de es Vedrà y la amenaza a la libertad individual que subyace.
En esta ocasión lo hago de nuevo a propósito del esperpento de la expropiación temporal (durante siete años) del derecho de uso de pisos que han estado vacíos durante un mínimo de dos años, propiedad de titulares que tienen como mínimo nueve unidades más, cuyo proceso ha iniciado esta semana el conseller de Vivienda y secretario general de la Federació Socialista d'Eivissa (FSE), Josep Marí Ribas Agustinet, quien empezó de cero en la banca y llegó a ser director de una sucursal de una entidad a la que ahora expropiará pisos con una sonrisa en la boca si tiene ocasión.
La teoría del Govern es que gracias a Marc Pons afloraron al mercado pisos vacíos bajo la amenaza de la expropiación. Nunca podrá ser demostrada esta hipótesis.
Un puñado de familias, 56 en Baleares si se mantiene el número de inmuebles, tendrá acceso a alquilar un piso a un coste equivalente a un 30% de su renta, lo que es, obviamente, una suerte que, en cualquier caso, a algunos les saldrá muy cara y puede que como sociedad lo acabemos pagando a precio de oro.
Desprecio a la propiedad privada.
La medida es un desprecio a la propiedad privada, por consiguiente, a la libertad individual, al libre mercado y a nuestro modelo de convivencia que, con sus luces y sus sombras, funciona.
Si una persona se ve obligada por circunstancias del mercado o simplemente quiere tener 10 pisos vacíos durante más de dos años, está en su derecho a hacerlo. Estaba.
A mí me parece un disparate que lo haga, como también que alguien se tatúe la cara.
Para ejercer de Robin Hood, el Govern deshumaniza al expropiado. Por eso habla siempre de forma despectiva de grandes tenedores como bancos y fondos buitres, como si ambas entidades fueran intrínsecamente malas y, por lo tanto, sin derecho al aire que respiran y puedan ser objeto de las más atroces tropelías.
Así, evita que el ciudadano empatice con quien es expoliado y la operación le suene ajena. Se trata de una patraña, ya que serás expropiado, si tienes diez inmuebles que hayan estado vacíos durante dos años. De momento. Este ataque parece ser solo el principio.
A buen seguro, el promotor de Ciutadella que compró los inmuebles a un banco para comercializarlos y ahora no podrá hacerlo durante siete años por la gracia de unos políticos irresponsables que mercadean con las ilusiones de la gente para satisfacer su ego y engrasar su maquinaria de propaganda barata se lo pensará dos veces antes de abordar otra operación de este tipo.
Amenazas como ésta desincentivan tanto el mercado secundario, como en el de obra nueva y suponen una barrera de entrada para que inversores privados inviertan en unas islas que son capaces de hacer estas fechorías. Este tipo de cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Está el cementerio lleno de iniciativas que parecían acertadas en sus inicios y se fueron convirtiendo en instrumentos perniciosos, como el decreto de mínimos del catalán y las millonarias indemnizaciones urbanísticas.
Bien o derecho.
En la ley estatal que negocian PSOE y Unidas Podemos, será considerado gran tenedor a partir de cinco unidades. En la segunda fase de la operación, ya hemos pasado a la mitad.
Aquel que no tiene escrúpulos para expropiar a quien tiene 10 pisos vacíos porque un piso no es un bien propiedad de alguien sino un derecho social colectivo (sic), tampoco los tendrá con el propietario de cinco pisos y quizá tampoco con aquel que tiene propiedades vacías.
Parece un dislate cósmico este planteamiento. A mí me llegan a contar lo que hemos visto esta semana hace unos años y también me habría parecido un dislate cósmico y la expropiación ha salido publicada en el BOIB y está en marcha. Así que poca broma.
Justiprecio.
No contento con despojarle de su vivienda, el Govern decide que los legítimos propietarios han de pagar de su bolsillo las obras de adecuación que, me cuesta imaginarlo, el decorador de interiores del Ibavi decida.
Y que en lugar de pagar la expropiación al precio de mercado, lo hará al precio que le dé la gana. En Ibiza, 530 euros al mes.
Es de suponer que alguno de los propietarios expropiados interpondrá recurso y que los tribunales obligarán a la administración a pagar el justiprecio por apropiarse de esos bienes durante siete años.
Moscas a cañonazos.
La operación exprópiese reviste de una enorme complejidad, como prueba que la Ley de Vivienda autonómica fue aprobada en mayo de 2018 y que todavía no ha entrado ningún afortunado inquilino en ninguno de los pisos expropiados.
Previamente, los grandes tenedores se vieron obligados a inscribirse en un registro, los inspectores del Ibavi, a comprobar que todos obedecían y a sancionar a los díscolos que no lo hicieron, luego a revisar uno por uno los inmuebles para decidir los que eran aptos y los que no y finalmente elaborar la lista de 56 viviendas.
Aún falta por invertir en ellas unos 400.000 euros que, si no lo hacen de forma sumisa los propietarios, lo hará la administración y luego pasará la factura, previa apertura de su correspondiente expediente, concurso público, negociado sin publicidad, adjudicación directa en función del importe, y burocracia y más burocracia. Horas y más horas de trabajo.
Y eso es solo el principio: fijar los precios de alquiler, girar los recibos, gestionar los impagos y la morosidad, gestionar las averías de los termos, las campanas y las cisternas, las molestias entre vecinos…
Quien diseñó la operación no analizó la relación entre el coste (no solo económico) y el beneficio, salvo en términos de imagen política.
Seis en Ibiza.
Ibiza y Formentera, las dos islas con mayor carestía de viviendas, seguirán exactamente igual que antes de la expropiación, ya que seis viviendas en el mercado de Ibiza tendrán un efecto insignificante.
El problema de la vivienda en Ibiza y Formentera es muy serio y, como tal, hay que tomárselo.
Los ayuntamientos no tienen suelo público disponible para ceder al Ibavi.
La lucha contra los pisos turísticos es bienvenida, pero no será suficiente, así que toca buscar soluciones imaginativas o simplemente copiar lo que están haciendo bien en otros sitios. A ser posible, las dos cosas.
El PP propone que se pueda construir vivienda de protección oficial en las conocidas como áreas de transición territorial, es decir, terrenos con vocación urbana porque están en el entorno periurbano y que, por lo tanto, tienen fácil acceso a los servicios y las infraestructuras.
La respuesta del Govern es ‘no lo contemplo porque ya estoy expropiando el derecho de uso de pisos y salgo por la tele'.
La colaboración público privada es imprescindible, ya que el papel de la administración no es ser el casero de miles de inquilinos, ni tampoco su promotor, sino facilitar la normativa e incentivar el mercado.
Bajo mi punto de vista, el modelo que debería estudiarse y probarse es ceder el uso de suelo público residencial durante un periodo de tiempo suficiente a un promotor privado para que construya y luego alquile a precio tasado las viviendas y a cambio obtenga una rentabilidad, sin perjuicio de otras medidas que también pueden funcionar.