El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ibiza volvió a denunciar ayer la política «clientelar» que está llevando a cabo el alcalde de Ibiza, el socialista Rafa Ruiz, «con el dinero de todos los ibicencos» en relación a las informaciones publicadas por el Periódico de Ibiza y Formentera sobre los contratos menores adjudicados a la empresa de la familia de Josep Marí Ribas Agustinet.
Los populares de Vila añadieron a su vez que lo publicado por este rotativo «es una constatación» de que el Consistorio de Vila «tiene un volumen de contratos menores excesivo». De hecho, recordaron que en 2019 «de los ocho millones de euros gastados en contratación, cuatro millones fueron contratos menores, facturas con objeción y reconocimientos extrajudiciales de deudas», es decir, «el 50% de la contratación del Ayuntamiento».
Política clientelar
Según el principal partido de la oposición en la ciudad de Ibiza, esto demuestra que «Ruiz está utilizando el dinero de los ciudadanos de Vila para hacer política clientelar y, lo que también es grave: que no se prevean las contrataciones y se deban reiterar» estos contratos menores, «máxime cuando se trata de cargos públicos del PSOE».
Todo esto, subrayaron los populares, «es una absoluta falta de estética». «Ruiz debe explicar qué va a hacer, qué medidas piensa aplicar para reconducir esta situación y rebajar estas cifras que no son aceptables», concluyeron desde el PP de Vila.
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Ibiza adjudicó a la empresa MT Assessoria Juridica i Econòmica, de la que actualmente es administradora única la esposa del conseller balear de Vivienda, Josep Marí Ribas Agustinet, Margalida Tur Prats, una serie de contratos menores para verificar el cumplimiento de la norma ISO 14001 en las playas del municipio.
Según especifica la Ley de Contratación del Servicio Público «no podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios».
En este caso la adjudicación de la auditoría de la ISO 14001 de las playas del municipio se debería haber hecho mediante concurso público ya que se trata de un trámite obligatorio que hay que realizar anualmente, por lo que no tiene carácter de urgencia, no es puntual ni excepcional, es totalmente previsible y, por lo tanto, planificable en el tiempo.