El Pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó ayer inicialmente la Ordenanza de Circulación de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que regula la circulación de los patinetes y vehículos eléctricos de movilidad urbana individual haciendo compatible su circulación con la necesaria seguridad de los usuarios y los viandantes y garantizando la fluidez del resto del tráfico rodado.
El primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad y Transporte, Joan Torres, explicó que se ha redactado una ordenanza específica para este tipo de vehículos dando así máxima importancia a esta modalidad de transporte que tiene un uso creciente en las vías del municipio.
La ordenanza, que se adapta a la nueva normativa establecida por la Dirección General de Tráfico (DGT), recoge una serie de aspectos que deciden los propios ayuntamientos. En el caso de Sant Antoni, que ha consensuado las medidas con Sant Josep, se ha determinado que el uso del casco homologado y la disposición de un seguro de responsabilidad civil será recomendable y que los espacios autorizados para circular con estos vehículos serán por vías urbanas y por carriles bici sin superar la velocidad máxima permitida a las bicicletas de 20 km/h.
Toma de posesión
La sesión plenaria empezó con la toma de posesión de Eva Prats como nueva concejala del Ayuntamiento de Sant Antoni, que asumirá las áreas de Economía y Hacienda en sustitución de Xicu Cardona.
El pleno municipal también acordó la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal de los servicios urbanos e interurbanos de transportes en automóviles ligeros (autotaxi), que incorpora la obligación de llevar uniforme tras el acuerdo alcanzado a nivel insular, así como la obligatoriedad de que todos los vehículos cuenten con datáfono para el cobro de las tarifas mediante tarjeta de crédito o débito.
Además, todos los grupos políticos del Ayuntamiento se han sumado a la declaración institucional de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) sobre la participación de los gobiernos locales en la reconstrucción económica y social de España para hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19. En la declaración se solicita el 15% de los fondos que las Comunidades Autónomas recibirán de Europa (Fondos REACT-EU), así como del Gobierno de España en ayudas directas para pymes y autónomos, y que la distribución de estos fondos a los Ayuntamiento se determine en función de la población.
También se acordaron por unanimidad las mociones presentadas por Unidas Podemos y PSOE-Reinicia respectivamente, para la creación de un plan de igualdad en el Ayuntamiento, así como instar al Congreso de los Diputados a finalizar los trabajos de elaboración y la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y No discriminación en el menor tiempo posible.