La empresa consultora Ligrhos tuvo que redactar hasta tres informes diferentes para tratar de minimizar las irregularidades realizadas por la empresa Servicios Marítimos Ports d'Eivissa S.L a la hora de valorar su proyecto para optar a la concesión del puerto deportivo Marina Ibiza.
Así consta en la declaración que realizó el fundador, propietario y administrador de la compañía, Miguel Ángel Bretones, ante el juez instructor del caso Mar Blau, que investigaba el presunto amaño del concurso para la concesión de este enclave portuario.
Bretones indicó ante el magistrado que, para realizar su trabajo, tuvieron que analizar «miles de folios» y, donde se encontraran las partes técnicas del concurso, tenían que «destilar la documentación, convertirla en un informe y la autoridad técnica de Baleares tenía que tomar sus decisiones con el informe que habíamos hecho».
Incremento ilícito
En julio de 2007 se entrega este informe en el que desvelan que el licitador, en este caso la empresa SEMAR, «había aumentado de manera ilícita el presupuesto de ejecución». Concretamente era el proyecto básico de ingeniería en el que se habían detectado partidas técnicas sobrevaloradas «de manera consciente» con la única finalidad de obtener ventaja con respecto a los competidores. Estos, según el propietario de la compañía Ligrhos, «se considera un hecho grave y desde el punto de vista del proyecto así lo era».
Una vez que desde la Autoridad Portuaria de Baleares estudian el informe, el 3 de agosto de 2007 se reúnen con los responsables de la empresa asesora para pedirles que realicen una serie de cambios en su estudio. Dichos cambios consistían en que «el informe no debía tener opinión, sólo información», por lo que tuvieron que eliminar «completamente» el párrafo que especificaba que SEMAR había sobrevalorado de manera ilícita el presupuesto de ejecución del proyecto.
Tras el segundo informe, desde el ente portuario volvieron a insistir en que «había que dejar los datos y eliminar las opiniones que merecen esos datos», aunque, según Bretones, «no por eliminar esa opinión el informe deja de decir que la inversión de ese proyecto o licitador estaba sobrevalorada».
Como consecuencia de esta sobrevaloración realizada por SEMAR, Ligrhos tuvo que proceder a realizar una «homogeneización» de todas las valoraciones de los proyectos, ya que era la única forma de poder comparar todos los presupuestos en igualdad de condiciones.
Parece ser que la idea de realizar esta homogeneización de presupuestos, según Bretones, surgió de Justo Aguado, mano derecha de Ángel Matías, ex director de la Autoridad Portuaria y uno de los tres imputados que se declaró culpable en el caso Mar Blau.