Juan Montesino es el nuevo presidente y portavoz de la recientemente creada Asociación de Propietarios Pitiusos Afectados por los Fondeos (APPAF), constituida a raíz de la retirada de los ‘muertos' irregulares en la bahía de Portmany, tanto en la parte perteneciente a Sant Antoni (donde se recogieron 80 toneladas de hormigón y cadenas, fundamentalmente, en un centenar de fondeos), como en la de Sant Josep (111 toneladas retiradas en los 237 fondeos suprimidos).
En esta última zona tenía su embarcación fondeada Joaquín Martín, que es tesorero de la asociación. Toni Tur es uno de los miembros de la asociación, que toma el relevo de la anterior Asociación de Usuarios de la Bahía de Portmany, de la que fue tesorero en su momento y que estuvo proponiendo soluciones al problema del fondeo en esta bahía. Estos tres miembros de la asociación explican llos objetivos de la APPAF.
El origen de la polémica
Poco antes de la retirada de los fondeos ilegales de la parte de la costa de Sant Antoni, los propietarios de las embarcaciones que se hacían uso de ellos se encontraron con una nota de la Guardia Civil pegada en sus barcos que les comunicaba el inicio de esta retirada y la obligación de retirar su embarcación en un plazo de 72 horas. Este fue el germen del malestar de los propietarios, que les llevó a juntarse en una asociación para así poder reclamar soluciones y alternativas, y también para poder actuar judicialmente contra lo que consideran una injusticia. Y es que las embarcaciones cuyos propietarios no pudieron sacar de allí fueron retiradas por los operarios y trasladadas al Club Náutico de Sant Antoni, donde debían recogerlas en corto plazo de tiempo.
Toni Tur, Juan Montesino y Joaquín Martín, impulsores de la APPAF. Foto: Toni P.
«Somos gente que tiene una barquita para ir a pescar». Así describe el perfil de los afectados el tesorero de la APPAF: «La mayoría estamos en lista de espera desde hace años para conseguir plaza en el puerto base, que es público y a precios razonables, o en el Club Náutico, pero es imposible». «Es cierto que algunos de los muertos, sobre todo los más grandes, eran de alguien que seguramente le sacaba rendimiento económico», reconoce Martín: «Al final, como siempre, acabamos pagando justos por pecadores». El problema de base, comenta Toni Tur, «es que no hay suficientes amarres, es imposible conseguir uno. Y en caso de poder conseguirlo es a unos precios desorbitados. Los amarres son sólo para ricos. No existe una tarifa pública y asequible para los residentes».
Alternativas
En este sentido, la anterior Asociación de Usuarios de la Bahía de Portmany ya presentó ideas y alternativas. De hecho, invirtieron 15.000 euros en un estudio y un proyecto, que presentaron a Costas sin recibir respuesta alguna, encargado al biólogo Gines Llobet, para montar un campo de boyas ecológicas que los usuarios pudieran gestionar con concesiones asequibles para los propietarios de este tipo de embarcaciones. El tesorero de la antigua asociación asegura que «desde el Ayuntamiento de Sant Antoni nos dijeron claramente que intentarían que no consiguiéramos lo que queríamos».
La palabra chanchullo aparece recurrentemente en la conversación. Al pedir más concreción Tur repasa la historia de la bahía: «En un principio esto era un puerto refúgio y se podía fondear libremente. Después el Ayuntamiento quiso regularlo y pidió hacer estos polígonos de boyas, corría el año 2014 o 2015, era un proyecto que había diseñado el Club Náutico desde el principio, y quedó en nada. Sin embargo después se presentó el mismo proyecto desde Ports IB a la Demarcación de Costas. En ese momento, sin concurso público, se le cedió al Club Náutico con la excusa de que era sin ánimo de lucro. Si es así, que venga Dios y lo vea».
El tesorero de la antigua asociación asegura que «desde la Unión Europea ningún estamento público puede ceder nada sin concurso público, por lo que esta operación sería ilegal». Sin embargo no llegaron a impulsar ningún tipo de denuncia: «Tendríamos que haber denunciado, pero la gente ya estaba agotada y lo mandamos todo al carajo».
Nueva etapa
Este fue el final del recorrido de la Asociación de Usuarios de la Bahía de Portmany, que ahora retoma la APPAF. Su presidente y portavoz, Juan Montesino, asegura que desde la nueva asociación, y con el asesoramiento del abogado que han contratado, pretenden retomar el estudio que se hizo en 2015, así como estudiar el hecho de que les retiraran sus embarcacoines de los fondeos, que no acaban de ver legal del todo. Pero según sus palabras, «lo más importante es que la gente de la asociación pueda tener una boya ecológica para su barco. Hacerlo bien y que el de Sant Josep pueda ir con su boya a Punta Pinet como hasta ahora, por ejemplo. Si hay que pagar una cuota, se paga, pero a un precio para residentes. De la misma manera que no vale lo mismo ir a Formentera para los residentes que para una familia de turistas, con las boyas debería ser lo mismo. No pedimos nada más». Hablan de un total de entre 30 y 50 boyas. «Se nos acusa de que lo que queremos es amarre gratis, pero nada más lejos de la realidad. Somos gente local que lo único que queremos es poder tener un barco y no molestar. Que los puertos no sean solo para los ricos».
En cuanto a la dificultad de optener un puesto de amarre en el puerto de Sant Antoni, Martín se pone a él mismo como ejemplo: «Yo tengo el número cuatrocientos noventa y pico de la lista de espera, el número uno lleva esperando desde 1996».
Sobre la posidónia, hablan de que la degradación de la pradera en la bahía tiene más que ver con los emisarios de los hoteles que se han ido construyendo en la costa portmsanyina que con los fondeos. De hecho, Toni Tur retoma el proyecto que presentaron asegurando que «se hizo como si hubiera posiónia en toda la bahía, por si algún día se podía repoblar». El tesorero de APPAF apunta que «las anclas hacen mucho más daño a la posidónia que cualquier fondeo ecológico. Nosotras propuestas son ecologistas»
Coinciden también en apuntar la falta de rampas de varado en la isla: «Sólo hay seis, y mal diseñadas y en mal estado», apunta Martín. Aunque no sea la solución óptima según su criterio, sí que reivindican la creación de más estructuras de este tipo, como la que tiene proyectada Sant Antoni en Cala Gració.