El Govern balear descarta la posibilidad de que se pueda facilitar la entrada de la policía a viviendas donde se estén celebrando fiestas ilegales. Así de contundente se mostró ayer la consellera balear de Presidencia y Función Pública, Mercedes Garrido, a la hora de valorar la posibilidad planteada por distintos ayuntamientos de realizar un cambio normativo para poder luchar con mayor efectividad contra las fiestas ilegales en viviendas turísticas.
Garrido recordó que, por mucho que tenga la condición de vacacional, «el hecho de que sea una vivienda hace imposible, de acuerdo con la legislación, con el Código Penal español, con la Constitución española y con jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, que se pueda acceder a ella si no se está cometiendo en su interior un delito flagrante o si no se tiene una orden judicial». El hecho de que se esté celebrando una fiesta, señaló, no es un delito.
Insistió a su vez que para poder acceder a una vivienda sin que se cumplan los requisitos mencionados anteriormente, «habría que cambiar la legislación no a nivel autonómico sino que habría que hacerlo a nivel estatal».
Sancionar a posteriori
De cualquier forma, la consellera de Presidencia hizo hincapié en el hecho de que, aunque no se pueda acceder en un primer momento a la vivienda para paralizar la fiesta, «sí que se puede sancionar a posteriori», e incluso la propia vivienda turística podría llegar a perder su licencia de actividad. Además, insistió en que, aunque no se pueda acceder a las viviendas, «sí que se puede actuar contra las fiestas ilegales». Como ejemplo puso «la labor exhaustiva» de las policías locales, la Guardia Civil y la Policía Nacional «para controlar este tipo de eventos en su fase de comercialización a través de las redes». De hecho, subrayó Garrido, «en muchas ocasiones se ha podido parar las fiestas con esta labor previa».
Otro plano de actuación, destacó la consellera es que «una vez que se está desarrollando la fiesta, la legislación española impide que las Fuerzas de seguridad pueden entrar, al tener carácter de vivienda», por eso, aseguró, «hemos visto muchas imágenes de agentes esperando a las puertas de estas viviendas, tomando nota de cada uno de los que iban saliendo. Y no sólo lo hemos visto en Ibiza, lo hemos visto en todo el territorio español».
Una vez que se logra identificar a los asistentes y organizadores de estos eventos a su salida, continuó Garrido, «lo que ha que hacer es tramitar el expediente administrativo y, a parte de la sanción Covid que le pueda corresponder, «otra de las sanciones que se le puede aplicar es la pérdida de la licencia de comercialización de la vivienda vacacional», afirmó, aunque reconoció que es un trámite largo y que, por el momento, no se ha retirado ninguna licencia de vivienda vacacional.
Mala imagen
Por su parte, el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, reconoció que las fiestas ilegales «suponen una mala imagen para la isla y pueden ser un foco de contagios», tal y como publicó en su edición de ayer el Periódico de Ibiza y Formentera, e insistió en la necesidad de que estas prácticas que se están llevando a cabo en viviendas vacacionales «sean consideradas como actividad económica y se les pueda aplicar un régimen sancionador» que permita evitar que se sigan desarrollando.