A las 20.30 horas de la tarde de este viernes alrededor de 30 personas se concentraban ante las oficinas del Banco Sabadell en la Avenida Ignacio Wallis. Sus reivindicaciones giran en torno a las prácticas abusivas que este banco y el fondo buitre Promontoria Coliseum ejercen sobre las vecinas del bloque de pisos de la calle Lugo, en Cala de Bou, que vienen sufriendo «un continuo acoso desde el año pasado y otras compañeras que también están empezando a sufrir las mismas prácticas en otros municipios», tal como comentan desde el Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera, convocantes de la manifestación.
Se trata de un bloque de pisos que pasó de manos del Banco Sabadell «a manos de un fondo buitre», tal como denuncian desde el Sindicato de Inquilinas. Promontoria Coliseum es una empresa filial del fondo buitre Cerberus que ha comprado el parque de vivienda del Banco Sabadell. Entre sus inquilinos se encuentran principalmente familias, muchas de ellas desahuciadas y clientes de la empresa de alquiler social SOGEVISO. De esta manera, desde el Sindicato de Inquilinas califican de «lavado de cara» que intenta hacerse el Banco Sabadell con esta operación, vendiendo sus propiedades para que otros hagan el trabajo sucio.
[La concentración del Sindicato de Inquilinas contra los fondos buitre y las prácticas bancarias abusivas, en imágenes.]
Desde el sindicato denuncian también que por parte de distintas empresas vinculadas con la nueva propiedad, algunos de los vecinos del edificio están recibiendo toda una serie de llamadas que no dudan en calificar de acoso. El portavoz del sindicato, Daniel Granda, habla de un «juego psicológico que se hace a las vecinas. Se les dan informaciones incorrectas y distintas, se retiran las cuentas corrientes a las que se paga el alquiler para imposibilitar su pago, incluso se les llega a acusar de okupas», todo esto en una serie de llamadas continuas con un nivel de agresividad «que roza los límites de la legalidad», según Granda.
Alicia, Laura, Marta, Nuria y Juan viven en estos pisos y confirman que la insistencia con la que se les intenta disuadir para que abandonen sus viviendas roza el acoso. De hecho reconocen que están dispuestos a tomar medidas legales en este sentido. La mayoría tienen el contrato de alquiler en vigor y aseguran que las llamdas y visitas que reciben rozan el acoso inmobiliario.