«El Ayuntamiento de Sant Josep ofrecía como ayuda un tiempo de estancia en unos apartamentos [a los vecinos desalojados de los Apartamentos Don Pepe] y después lo que planteábamos es que con ayudas del Govern se pudiese prorrogar un poco el apoyo económico a las familias». El conseller balear de Vivienda, Josep Marí Ribas Agustinet, indicó ayer que esta es la vía en la que trabaja el Govern para dar una respuesta inmediata a la situación «dramática» que viven las familias del edificio A de los Apartamentos Don Pepe.
Unas ayudas «extraordinarias» que se estudia cómo configurar, a la espera de que se resuelvan los asuntos judiciales que afectan a este edificio que el Ayuntamiento declaró en estado de ruina en junio y ordenó desalojar sin que todavía se haya hecho efectiva esa orden por la negativa de los vecinos a dejar sus casa. «Tenemos que complementar las ayudas que el Ayuntamiento ha ofrecido inicialmente y estamos viendo cómo se pueden configurar», explicó el conseller, quien indicó que había mantenido una reunión más sobre este tema en las últimas semanas con el Ayuntamiento de Sant Josep.
Aprovechó para recordar que estos vecinos podrían beneficiarse en muchos casos de la línea de ayudas al alquiler que gestiona el Govern anualmente. «En 2020 estás ayudas llegaron a los 8,8 millones de euros en el conjunto de las islas y ya se ha pagado el 84% de las mismas. El año que viene también dispondremos de estos recursos», informó.
Respecto a la alternativa de ofrecer vivienda a estas familias, el conseller recordó que en Ibiza, ahora mismo, no existen recursos habitacionales de los que disponga la administración. «A medio o largo plazo quizás sí tendríamos alternativas, pero en este momento concreto no tenemos opciones. Estamos buscándolas, pero no es algo inmediato».
Quiso expresar su preocupación por el tema y aseguró que se trata de un asunto en el que la Conselleria de Vivienda está trabajando. «Hablamos con el Ayuntamiento para ver si más adelante pudiéramos encontrar un terreno en el que el Ibavi pudiera construir unas viviendas que pudieran dar una alternativa a estas familias, pero que también servirían al resto de la ciudadanía de la isla que necesite este recurso». Recordó, en este sentido, que el problema de la vivienda en Ibiza «va más allá de este caso concreto».
En cuanto a la posibilidad de rehabilitar el edificio, como solicitan los vecinos, el conseller valoró que se trata de un asunto que debe resolver el Ayuntamiento de Sant Josep. «Cuando yo estaba en el Ayuntamiento todos los informes eran negativos respecto a este tema. Con las leyes en la mano no se puede hacer. El PP plantea un cambio de la ley respecto a las edificaciones fuera de ordenación, pero no creo que ésa fuera la solución. Hay que tener en cuenta que este edificio también está afectado por la Ley de Costas, por la normativa de parques naturales y muchas otras normativas que implican una enorme cantidad de trabas administrativas».