Tras un mes y medio en el cargo, la nueva presidenta del Colegio de Arquitectos de Ibiza y Formentera, Carmen Navas-Parejo, hace un breve balance de su arranque.
—¿Ha tenido tiempo ya de reunirse con las administraciones ibicencas?
—De momento nos hemos reunido con el Ayuntamiento de Sant Antoni, el de Sant Joan, el de Vila y esta semana tuvimos una reunión con el de Sant Josep. Nos falta concretar fechas con los consells de Ibiza y de Formentera y el Ayuntamiento de Santa Eulària. Con todos es una reunión de primer contacto en la que nos presentamos como nueva junta del Colegio de Arquitectos y nos hemos ofrecido para colaborar en la medida que necesiten. También hemos comunicado las sugerencias y alguna queja de nuestros colegiados.
—¿En qué consisten esas sugerencias y quejas?
—Especialmente van orientadas al tiempo de tramitación, de licencias, de normativa confusa, falta de acceso a consultas técnicas y sobre todo ofrecernos en la medida que podamos como colegio para poder llegar a algún tipo de convenio que permita agilizar el tiempo de tramitación administrativa. Todavía estamos trabajando en esto último y no será algo rápido, seguramente después del verano, cuando se reactiva la administración, incidiremos en esto para iniciar una colaboración.
—¿Cómo está la situación de la concesión de licencias en la isla?
—Este año se ha producido un estancamiento en la actividad, motivado precisamente por un cuello de botella en la administración en la concesión de licencias. Van saliendo poco a poco y creemos que este puede ser el motivo de este freno en la actividad. En general sucede en todos los ayuntamientos, excepto el de Vila, que tiene unos plazos de tramitación razonables. En el resto los plazos de espera son de dos o tres años en suelo urbano y pueden llegar a los cinco en rústico.
—¿Cree que la normativa de agilización administrativa que impulsan Govern y Consell ayudará a eliminar este cuello de botella?
—En algún tipo de proyecto, sí. Lo que pasa es que entendemos que este tipo de reglamentos no son la solución. Las administraciones tendrían que reorganizar sus departamentos, contar con más personal y avanzar ellos otorgando licencias como corresponde y no depender de las comunicaciones previas para avanzar. Sino al final la responsabilidad recae sobre los arquitectos y no realmente en el Ayuntamiento que es quien debe otorgar la licencia. Es una medida que puede poner en riesgo al arquitecto sin mala fe, por asumir que hay cosas que están bien hechas sin un control de la administración. Desde luego la normativa será una ayuda, pero para que realmente se desatasque tendrían que invertir en personal o reorganizar departamentos.