Eduardo Robsy Petrus (Mahón, 1976) ocupa el cargo de director general de Vivienda y Arquitectura en el Govern, uno de los responsables de la política de vivienda de Baleares que tanto ha dado que hablar en los últimos meses, con repercusión nacional e internacional, a raíz de la expropiación temporal de pisos para destinarlos a vivienda social.
—Con la medida de expropiación de uso de vivienda, el Govern ha logrado disponer de seis pisos en Ibiza mientras en Mallorca y Menorca superan la veintena, ¿a qué se debe esta diferencia?
—En Ibiza, precisamente porque el mercado ibicenco está en ese punto en el que casi cualquier cosa es rentable, hay muy poca vivienda vacía que cumpla con los requisitos que se establecen en la ley. Viviendas que lleven dos años sin ningún tipo de uso efectivo y que estén en manos de grandes tenedores hay muy pocas en comparación con las otras islas. Recuerdo que la expropiación de uso tiene una función disuasoria, les deja muy claro a los grandes tenedores que no pueden mantener cerradas las viviendas porque tienen una función social y se la exigimos.
—¿Cuándo podrán entrar a vivir familias a los pisos ya expropiados?
—A principios de julio se tramitó el acuerdo del Consell de Govern que determina la urgente ocupación de estas viviendas. Ahora se han mandado las citaciones a los propietarios. Todo esto está regido por la ley de expropiación forzosa y su reglamento de los años 50. Son normas antiguas, muy garantistas, que suponen un procedimiento largo. Yo calculo que hacia el otoño estaríamos en condiciones de acceder a estas viviendas y en paralelo se acometerían las reformas que se tuvieran que hacer e iniciar el procedimiento de adjudicación oportuno para que puedan estar en manos de familias este mismo año. Eso siempre que no haya una interrupción judicial, que es una eventualidad que se puede dar, los propietarios deben tener la potestad de defender sus derechos.
—¿Hay propietarios que hayan acudido a la vía judicial por estas expropiaciones?
—Acudieron cuando se inició el procedimiento y hasta el momento los tribunales han fallado a favor de la administración pública sin entrar en el fondo. El procedimiento está hecho al abrigo de una ley autonómica, que es la Ley de Vivienda. Esta ley pasó los filtros más exigentes, es plenamente constitucional a decir del Estado y no ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional. Se solicitó por 15 de los propietarios la suspensión del expediente que se denegó en vía administrativa y judicial. El Tribunal Superior de Justicia indicó que el procedimiento estaba bien construido y no se tenía porque suspender. Estamos muy seguros de la solidez de esta ley.
—¿Ha habido comunidades autónomas que se hayan interesado por el procedimiento?
—Hay que decir que otras comunidades autónomas ya tienen figuras idénticas o parecidas en cuanto a expropiación, pero hasta el momento ninguna ha intentado ejecutar un expediente tan masivo como el nuestro con 56 viviendas en un único procedimiento. Estamos impulsando algo novedoso y sabemos que hay comunidades autónomas muy pendientes de lo que hacemos. Cuando explicamos que se iniciaba este expediente trascendió y fue noticia a nivel nacional tanto porque había intereses de sectores progresistas de que se explorase esta posibilidad, como por el interés de grandes tenedores de que la vía judicial diera al traste con esta medida y disuadiera a otras comunidades de impulsarla.
—El Govern cuenta con otra herramienta para adquirir vivienda, la de tanteo y retracto en compraventa entre grandes tenedores, que tampoco han podido usar en Ibiza.
—La opción de tanteo y retracto es una medida muy efectiva. Si hay un traspaso de viviendas entre carteras inmobiliarias de grandes tenedores, el Govern puede interceder y llevárselas a ese mismo precio. El gran tenedor no se ve perjudicado porque vende al mismo precio que ofreció, pero esas viviendas pasan a formar parte del patrimonio público de alquiler social. En el caso de Ibiza ha habido muy pocas transacciones y las que ha habido no se han ajustado a lo que son las necesidades de un piso que se destine al alquiler social. Eran chalés, primeras líneas de mar en fincas de lujo con piscina… son viviendas que suponen el pago de un dinero público difícil de justificar.
—En este sentido el conseller Josep Marí habló esta semana de la posibilidad de incrementar el precio al que la administración pueda comprar vivienda en Ibiza, ¿en qué consiste exactamente este cambio?
—El precio máximo que podemos pagar es el más bajo entre el precio de vivienda protegida y el de mercado. Si el precio de mercado son 2.000 y el precio de vivienda protegida es 1.940, se paga a 1.940 como máximo el metro cuadrado. Con esta cifra resulta difícil conseguir vivienda en Ibiza teniendo en cuenta que el metro cuadrado está en muchas zonas por encima de los 3.000 euros. Es por ello que modificaremos un acuerdo que tiene el Ibavi para realizar estas compras e incrementar el precio máximo en Ibiza y Formentera. Necesitamos ampliar de una forma rápida nuestro stock de vivienda para destinarlo al alquiler social, además de seguir con la construcción de promociones, que sigue siendo nuestra línea principal de actuación. No tenemos determinado cuál será el precio adecuado, porque evidentemente no contemplamos que un chalé en primera línea de mar y un piso en una calle cualquiera tengan el mismo precio, pero queremos poner un precio que nos asegure que podremos incrementar el parque público de vivienda y destinarla a las familias que lo necesitan.
—¿Qué tipo de viviendas entran dentro del perfil de búsqueda?
Pisos en plurifamiliares, de un tamaño medio que no tengan unos gastos de comunidad disparados, como puede suponer una finca con piscina, jardín y pistas de padel. Pisos como los que cualquier ciudadano de a pie se imagina cuando habla de un piso.
—¿Cómo se controla ese traspaso de vivienda? ¿No puede ser que se les haya escapado alguna compraventa?
—El sistema está bastante depurado, se hacen controles periódicos, tenemos los datos de transferencia de propiedad a través de la administración y los notarios y registradores están al tanto de esta normativa y ellos mismos recuerdan a los grandes tenedores sus obligaciones de comunicar a la administración estas transacciones. Si no lo hacen se enfrentan a multas cuantiosas.
—¿Cuál es el grado de cumplimiento entre los grandes tenedores?
—Pues la verdad es que está siendo bueno, grandes sociedades inmobiliarias, bancos… Los grandes tenedores que nos pueden venir a la mente nos están comunicando todo lo que hacen. De acuerdo con los datos que tenemos el grado de cumplimiento es elevado. Pero es verdad que lo que mueven en Ibiza es muy poco. Si se hicieron transacciones fueron de forma previa a tener esta herramienta legislativa y lo que se mueve son viviendas que no se ajustan al tipo de perfil que necesitamos.
—En materia de vivienda de protección oficial (VPO) nueva, el Govern cuenta ahora con cuatro solares en Ibiza, pero el ritmo de la administración siempre hace plantearse cuándo serán una realidad, ¿qué horizonte temporal barajan?
—Hasta el momento las VPO que gestiona el Ibavi en Ibiza ascienden a 75. En estos momento tenemos en contrucción tres promociones que suman 86 viviendas más y se están terminando. Esto supondrá un incremento del 115% del parque de vivienda pública. Además tenemos, estos cuatro solares, dos en Ibiza y dos en Sant Josep. Tenemos que agradecer a las instituciones ibicencas el esfuerzo para poner a nuestra disposición estos solares. Esto nos permite dar continuidad a la política de vivienda. Es cierto lo que dice, la política de vivienda basada en la construcción requiere unos plazos que en el caso de la administración pública están influidos por la Ley de Contratación. El problema de esta política es el parón que se produjo hace dos legislaturas, estas políticas son siempre a largo plazo y deben funcionar como un reloj suizo. La ejecución material ronda los 18 meses pero el proceso de licitación pública tiene que ser con concurrencia. La situación es grave y urgente, pero nos sigue entrando suelo, se están impulsando proyectos y lo importante es que esto no pare. El compromiso de las administraciones nos permiten disponer de suelo y luego contamos con las medidas adicionales de adquisición de vivienda o las ayudas al alquiler.
—En Ibiza hay sectores que plantean dudas respecto a esta política de nueva construcción por la saturación que ya existe en algunas zonas de la isla, ¿la posibilidad de la rehabilitación se ha explorado?
—Es una vía posible, pero lo que se tiene que rehabilitar o ya es de la administración y no es una vivienda, lo que implica un cambio de uso y si la propiedad está en manos privadas y la rehabilitación debe ser pública debe pasar por un proceso de compra. El mercado tiene ahora unos precios difíciles de justificar que lo hacen una vía cara. Aún así, lo pisos que se han adquirido por vía de expropiación forzosa suponen en muchos casos su rehabilitación, así que en cierta forma hablamos de esta vía. En la construcción nueva, debemos recalcar que el suelo que se nos cede ya es urbano, no se hace un consumo de suelo rústico, ni siquiera urbanizable. Por otra parte, quien es el responsable de la política urbanística es el ayuntamiento correspondiente.