El Grupo PSOE-Reinicia en el Ayuntamiento de Sant Antoni denunció este martes, a través de un comunicado, que la nueva ordenanza de ocupación de la vía pública que presumiblemente quedará aprobada inicialmente mañana «incumple la Ley sobre accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos para personas con discapacidad».
Según denuncia el principal grupo de la oposición, en un texto inicial de la ordenanza el equipo de gobierno establecía que la acera libre para el paso de viandantes debía ser de 1,5 metros «en vez de 1,8 metros como recoge la orden ministerial que desarrolla la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y el Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprobaron las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones».
En su comunicado, el grupo de la oposición señaló que su portavoz, Simón Planells, puntualizó en la comisión informativa de asuntos de pleno que la ordenanza propuesta por el equipo de gobierno no cumple la normativa de accesibilidad más básica ya que «las personas con discapacidad no tendrán garantías de circulación por nuestras calles si esta ordenanza sale adelante». En este sentido, Planells abundó en que la distancia establecida en el texto «podría dificultar el paso de sillas de ruedas con acompañantes o el paso de personas con dificultades visuales acompañadas por perros guía».
El Grupo PSOE-Reinicia reconoció que, tras más de una hora de debate en la comisión, logró que el texto se cambiara «pero los populares mantienen que se contemplen los 1,5 metros de distancia como excepción, algo que el grupo progresista seguirá rechazando».
El principal grupo de la oposición también apuntó que la ordenanza no garantizaba que el paso de los viandantes quede colindante a la fachada, lo que a su entender también va en contra de la normativa estatal.