Los dimes y diretes entre el Gupo Popular y el Grupo PSOE del Consell continuaron ayer con una nueva nota de prensa. Esta vez fue el PP el que acusó al PSOE de utilizar el proceso de elaboración del reglamento de simplificación administrativa como «excusa» para no sentarse a negociar el Plan Territorial Insular (PTI).
El PSOE acusó el lunes al presidente del Consell, Vicent Marí, de hipocresía al hacer una llamada al consenso en materia de territorio pero haber aprobado un reglamento que afecta a esta materia «sin ningún diálogo con la oposición ni con los ayuntamientos de la isla».
Desde el Grupo Popular recordaron que sobre este documento se lleva hablando y trabajando con los municipios desde 2020, y que, de hecho, ningún ayuntamiento ha presentado alegaciones al mismo. «No sabemos en nombre de quién habla el PSOE, pero deberían afinar más sus fuentes de información y no limitarse a lanzar acusaciones infundadas, sobre todo después de una legislatura en la que dieron la espalda a todos los consistorios».
Para el Partido Popular estas manifestaciones no responden a la voluntad de mejorar la isla, sino a una simple estrategia política de los socialistas para «caldear el ambiente» y tener una excusa para no sentarse a negociar el Plan Territorial Insular. A este respecto, recordaron las múltiples declaraciones del presidente Vicent Marí, tendiendo la mano a todos los grupos políticos para pactar una normativa territorial perdurable.
Reglamento
Si bien es cierto que el Consell sólo se reunió con la oposición una vez para hablar del reglamento de simplificación administrativo antes de su aprobación inicial en el Pleno, también lo es que con los ayuntamientos sí se trabajó el texto, según consta en la Memoria de análisis de impacto normativo del reglamento.
El Consell realizó dos procesos de consultas en los que pudieron participar los ayuntamientos, con varias reuniones técnicas y una política.
Propuestas
El primer proceso fue antes de su redacción, para solicitar a los consistorios y otros colectivos propuestas al proyecto de reglamento de simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativas. El 5 de junio de 2020 se aprueba la consulta por parte del Consell y el 12 de junio se inicia este proceso.
La participación más intensa fue por parte de los ayuntamientos de Sant Josep y Santa Eulària. Además, el Consell recibió 14 propuestas de diversos colectivos.
Las principales propuestas municipales fueron para pedir que se pudiesen ejecutar ciertas obras con una comunicación previa, la supresión de determinados informes y la eliminación de algunos trámites que se consideraban duplicados.
En concreto, Sant Josep solicitó el régimen de comunicación previa para tres procedimientos, la eliminación de la duplicidad de cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación y coordinar las autorizaciones sectoriales en proyectos de infraestructuras que implicasen la participación del Consell y los ayuntamientos.
Por parte de Santa Eulària se pidió también el desarrollo del régimen de comunicación previa para un abanico más amplio de trámites que Sant Josep, seis en total; la supresión de algunos trámites e informes y el desarrollo reglamentario de ciertos puntos de la LUIB.
En ambos casos se integraron en el texto algunas de las propuestas planteadas.
Elaboración
En la segunda fase, para consensuar el texto, se envió a los cinco ayuntamientos el 25 de febrero un borrador del reglamento. Con conocimiento de este primer texto, que después sufriría retoques a solicitud de los técnicos municipales, el conseller de Territorio, Mariano Juan, se reunió de forma telemática el 3 de marzo con los concejales de Urbanismo de cada ayuntamiento y la alcaldesa de Santa Eulària.
Desde el Ayuntamiento de Sant Josep y de Vila, indican que efectivamente se produjo esta primera reunión de tanteo del texto, pero desde entonces no se ha mantenido ninguna otra reunión a nivel político ni se les dio a conocer el texto hasta que se puso en exposición pública por su aprobación inicial.
El Ayuntamiento de Santa Eulària explicó que estuvieron en continuo contacto con el Consell, tanto en reuniones políticas como técnicas. «No podemos concretar cuántas fueron porque muchos encuentros sirven para abordar varios temas, no necesariamente son monotemáticos», indicaron.
Tras esa primera reunión política, se sucedieron a lo largo de las cuatro semanas siguientes las reuniones entre técnicos municipales e insulares. Cada semana se trató específicamente uno de los bloques: desarrollo del régimen de comunicación previa, reducción de cargas administrativas en trabajos en edificios patrimoniales, agroestancias y casas payesas.
En estas reuniones los técnicos hicieron propuestas para retocar el texto normativo. En los sucesivos encuentros, según consta en la memoria, se fueron recogiendo en el texto aportaciones de los ayuntamientos de Ibiza, de Sant Joan y Sant Antoni.
Con el texto ya elaborado, el conseller de Territori, Mariano Juan, celebró una reunión telemática con los grupos políticos PSOE, Podemos y Ciudadanos para presentarles el texto que fue aprobado inicialmente por el Pleno. El Consell ha recibido 19 escritos de entidades, particulares y partidos políticos.