El Ayuntamiento de Sant Josep ha instado a la propiedad del complejo turístico ilegal conocido como 'Casa Lola' a dar cumplimiento a la sentencia que ordena el derribo de las construcciones edificadas sin licencia.
Según ha informado el Consistorio, la propiedad ha sido notificada sobre la desestimación de un recurso interpuesto ante el Supremo contra la sentencia que ratifica la demolición del complejo y de la obligación de restablecer la legalidad urbanística.
Además, se informa a los promotores que disponen de un máximo de tres semanas antes de que el Ayuntamiento inicie la ejecución subsidiaria de los trabajos de demolición.
Con la resolución judicial, se concluyen los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística abiertos tras denuncias y visitas de los servicios técnicos municipales al complejo ilegal.
Según el Consistorio de Sant Josep, las obras ejecutadas sin licencia, y que son ilegalizables, consisten en una piscina y terraza anexa al edificio principal, un porche, una edificación de 50 m2 o los cimientos de otra de unos 30 m2, entre otras.
Además, entre las obras ilegalizables hay un depósito de agua con una superficie de unos 52 m2 y ocho volúmenes de planta baja con una superficie construida de 933 m2, además de terrazas cubiertas y dos piscinas, todo con una edificabilidad total aproximada de 1.104 m2 y una ocupación total de unos 1.892 m2.
Las obras ilegales han sido tipificadas como infracción grave y el procedimiento, suspendido hasta la resolución del contencioso, se dirige contra la promotora y contra las empresas constructoras con una propuesta de sanción de 1,4 millones.
El alcalde Ángel Luis Guerrero ha explicado que esto supone el fin de un litigio contra la propiedad que incumple "sistemáticamente" las leyes urbanísticas. "Es un triunfo que pone en valor la labor de todos los trabajadores del Consistorio y una victoria para los vecinos del complejo ilegal, que pronto podrán recuperar la tranquilidad y el descanso al que tienen derecho", ha declarado.
Guerrero ha afirmado que nunca han dudado de que "este momento llegaría", asegurando que a los propietarios sus "tácticas dilatorias" sólo les han servido para ganar tiempo y alargar "la agonía" a los vecinos.
"Que nadie piense que hay impunidad para hacer la vida imposible a nuestros vecinos ni para lucrarse a costa de nuestro territorio saltándose las leyes", ha concluido.