La Oficina de Lucha contra el Intrusismo del Consell d'Eivissa, integrada en el Departamento de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias y Ordenación Turística, ha abierto hasta el momento un total de 103 expedientes contra pisos turísticos en edificios plurifamiliares, que son ilegales en la isla de Ibiza.
En un comunicado remitido ayer, el Consell explica que durante todo el año 2020, a pesar de ser una temporada turística prácticamente nula, se abrieron 52 expedientes por el alquiler turístico ilegal de pisos, mientras que en lo que llevamos de 2021 se han abierto 51 expedientes más, por lo que el total de las sanciones recogidas en estos expedientes puede superar los 2.060.000 euros, una cifra que previsiblemente se irá incrementando en los próximos meses «porque las ilegalidades no van a parar», como expresó la directora de la oficina, Naihara Cardona.
Si se comparan estas cifras con las de años anteriores, se detecta un crecimiento exponencial de la actividad inspectora desde la entrada en funcionamiento de la oficina anti intrusismo, que cuenta con cinco inspectores, que también participan en otras tareas de ordenación turística. La actualización de datos revela que en el año 2016 el Consell d'Eivissa abrió expedientes contra 6 pisos turísticos; en 2017, contra 11; en 2018 fueron 16 y en 2019 un total de 28.
Retirados más de 300 anuncios
La oficina contra el intrusismo argumenta que estos buenos resultados son fruto de «la reorganización del trabajo» y de un aumento de la efectividad administrativa e inspectora. «Antes se hacían inspecciones y se levantaban actas que al final acababan en un cajón hasta que caducaban», según Cardona, que agradece asimismo el apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad a la hora de identificar a los presuntos infractores.
Dentro de las iniciativas contra el alquiler ilegal de pisos turísticos, el Consell subraya el acuerdo «histórico» que alcanzó con la plataforma de anuncios de alquiler turístico Airbnb, lo que ha permitido identificar a varios promotores de alquileres ilegales y de donde ya se han retirado más de 300 anuncios desde la entrada en funcionamiento de esta oficina insular.
Este departamento ha redactado varias propuestas de cambio normativo en relación con este tipo de alquileres, algunas de las cuales han sido aprobadas, «y se han empleado herramientas legales que hasta ahora no se utilizaban», señala el comunicado del Consell, incidiendo en el hecho de que por primera vez ha sido denunciado un presidente de una comunidad de vecinos para negarse a colaborar en la erradicación del alquiler ilegal en su edificio.
El vicepresidente primero y conseller de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias y Ordenación Turística, Mariano Juan, explicó ayer que «las cifras en lo que llevamos de legislatura son muy positivas y ponen de relieve el trabajo que todo el personal de esta oficina realiza desde el primer día, pero más importante que estos números es el hecho de que a día de hoy los piratas no tienen la sensación de impunidad que existía hasta esta legislatura, y saben que el Consell lucha contra esta actividad ilegal con firmeza y determinación».
EL APUNTE
«Muchos infractores prefieren pagar antes de arriesgarse a una multa mayor»
La directora de la oficina insular contra los alquileres turísticos ilegales, Naihara Cardona, admite que aún queda mucho trabajo de inspección por hacer en Ibiza, porque ya hemos detectado que algunos de los infractores han vuelto a reincidir en su actividad ilegal.
«Vamos a seguir con las inspecciones, especialmente en verano, mientras que en invierno intensificaremos el trabajo administrativo para tramitar todos los expedientes», detalla.
Esta labor ya ha permitido al Consell cobrar en los últimos meses algunas sanciones debido al pago voluntario de los infractores, aunque no se ha especificado la cantidad recaudada hasta el momento. Cardona explicó ayer que se han presentado algunos recursos contra las sanciones «pero muchos prefieren pagar antes que enzarzarse en un pleito o arriesgarse a recibir una sanción aún mayor».
La directora insular asegura que las inspecciones se están llevando a cabo en toda la isla, aunque se ha detectado que el alquiler ilegal de pisos turísticos se prodiga más en algunas zonas como Platja d'en Bossa o Cala de Bou, en el municipio de Sant Josep.