El Jefe de Policía de Sant Antoni, Javier Verdugo, anunció ayer, a través de un comunicado, que había procedido a presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma contra la sentencia absolutoria de la ex concejala de gobernación, Aída Alcaraz, por acoso laboral hacia su persona. De hecho fue más allá y anunció que se había «visto en la necesidad de solicitar la nulidad del juicio» ya que, a su entender, «puede haber existido un error u omisión en la valoración de la prueba que como acusación propusimos, por lo que se ha tenido que interesar la nulidad de la sentencia y, en consecuencia, que se dicte una resolución que valore todas las pruebas practicadas en el proceso».
Y es que, tras una lectura detallada de la sentencia, se aprecia diferencias a la hora de valorar las pruebas testificales. Por una parte, se da absoluta credibilidad a las declaraciones del ex alcalde del municipio, Josep Tur Cires, superior jerárquico de Aída Alcaraz, compañero de lista electoral y amigo personal de la demandada y corresponsable para bien o para mal de las políticas practicadas por la regidora en su departamento.
También se toma en consideración el testimonio de Ángeles Gallardo, amiga personal de Alcaraz y directora de Seguridad del Ayuntamiento, cargo que no existía en Sant Antoni. Un cargo con un salario de alrededor de 60.000 euros anuales y en cuya decisión participó la propia demandada ya sea directamente o como miembro del equipo de gobierno.
Lo mismo sucede con la valoración de las declaraciones de los policías. Según se desprende de la sentencia, los testimonios aportados por los agentes llamados por la defensa de Alcaraz parece que tienen más peso que los que defendían la postura de Verdugo. En este sentido hay que destacar el de uno de estos agentes, protagonista en primera persona de uno de los actos denunciados por el jefe de Policía, y que finalmente no se toma en consideración porque Gallardo declaró posteriormente que esa declaración era mentira porque esta persona ya había declarado contra ella en otro proceso, concretamente en el que se ponía en cuestión su contratación.
Ante estas evidencias, el Jefe de Policía de Sant Antoni consideró que la sentencia «no se ha ajustado a derecho y es perjudicial para mis intereses, porque entiendo que se han vulnerado las normas y garantías que deben guiar todo proceso».
Verdugo denunció a su vez haber sufrido en las últimas fechas «un acoso mediático desproporcionado» que ha acabado «convirtiéndome en culpable socialmente sin ni siquiera haber esperado a una resolución firme del proceso». Recordó también que «muchas de las declaraciones y publicaciones realizadas han olvidado que el proceso se ha seguido con todas las garantías, y que las diligencias previas se incoaron porque existían indicios de delito, olvidando también que se produjo acusación por parte del Ministerio Público».