La futura Ley de Vivienda, que debería aplicarse en la isla de Ibiza al reunir todos los requisitos para ser considerada como un ‘territorio tensionado', no solucionará los problemas que hay en la actualidad para el acceso al mercado de vivienda de alquiler.
Los expertos consultados por Periódico de Ibiza y Formentera consideraron que, en caso de aplicarse en los términos en que actualmente está redactada, sería más perjudicial que beneficiosa y no cumpliría el objetivo para el que fue ideada.
En este sentido el vicepresidente de CAEB en las Pitiusas, José Antonio Roselló, destacó que, históricamente, las intervenciones públicas en los precios del alquiler han producido unos efectos contrarios a los esperados. Por una parte, según explicó, llevarían «al deterioro de la oferta, por ejemplo, en la no renovación de los inmuebles». Esto, recordó, ya se produjo en Estados Unidos, donde los propietarios optaron por no invertir en sus propiedades al estar controlados los precios, lo que llevó al deterioro de los inmuebles y, en definitiva, de determinados barrios.
Otro efecto perjudicial del control de los precios de alquiler sería, destacó Roselló, el retraimiento de la oferta, esto es, que los propietarios no pongan sus viviendas en el mercado de alquiler por considerar que la rentabilidad que pueden sacar no compensa los riesgos, como ha pasado en Cataluña. Aquí influiría también la poca seguridad jurídica que hay en la actualidad en España para los arrendatarios, «Si judicialmente un propietario se tiene que tirar una eternidad para desahuciar a un inquilino moroso, no será fácil atraer más vivienda al mercado», insistió el vicepresidente de CAEB.
La futura Ley de la Vivienda acarrearía también un incremento del mercado negro. En esta caso o bien el propietario pondría la vivienda al precio estipulado por la administración para, paralelamente, cobrar otra parte sin ningún tipo de control, o bien pasaría directamente a realizar el alquiler de la vivienda de manera opaca. «Este, desde el punto de vista social, es un tema que preocupa mucho», subrayó José Antonio Roselló, que insistió a su vez en que, si esta ley sale adelante, «habrá que ser muy cuidadoso de dónde se pone el corte de control del precio».
En cuanto a la consideración de ‘grandes tenedores' a aquellos propietarios que tengan 10 viviendas o más, el vicepresidente de la patronal criticó que, en el caso de Ibiza, se estaría comparando a un pequeño o mediano propietario con un fondo de inversión, «y esto es un grave error porque afectaría a la clase media de la isla». Recordó que muchos ibicencos, en lugar de invertir en bolsa u otros activos, apostaron por invertir en bienes inmuebles o los heredaron, y en ningún caso pueden ser comparables con los verdaderos grandes tenedores, que son los fondos de inversión.
De cualquier forma, Roselló matizó que en esta proyecto de ley «hay más ideología que economía», e insistió en que la problemática del acceso a la vivienda «hay que plantearla a largo plazo» y pasaría por aumentar el parque de vivienda e incentivar de alguna forma a los propietarios para que pongan sus propiedades en el mercado de alquiler.
Los requisitos
Hay dos requisitos para que se pueda solicitar la declaración de zona tensionada para un espacio determinado. El primero es que en un periodo de cinco años los precios hayan aumentado cinco puntos por encima de la evolución del IPC. En el caso de Baleares, la referencia sería un 10,9 %, si se calcula para el periodo 2016-2020.
Este requisito se cumpliría de forma holgada en Ibiza, según los datos que maneja el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para el periodo 2015-2018, que es la última comparativa oficial disponible. Aún así, la nueva ley está todavía en una fase muy embrionaria, por lo que se desconoce qué índices de referencia se acabarán adoptando.
El segundo requisito para ser considerado territorio tensionado es que lo que se paga por la vivienda en alquiler supere el 30% del dinero que entra en el hogar.
En Baleares hay más de 9200 grandes tenedores de vivienda
Actualmente, en Baleares hay alrededor de 9.300 propietarios con más de 10 inmuebles, según se desprende de los datos de 2021 de la Dirección General del Catastro, aunque no se determina si se trata de personas o empresas.
Del total, 502 poseen más de 50 viviendas y más de 7.500 tienen entre 11 y 25 inmuebles, cifra esta que la nueva Ley de Vivienda que tiene previsto aprobar el Gobierno central considera ‘grandes tenedores'. Asimismo, casi la mitad de las viviendas se encuentran en manos de bancos, que se las quedan como ejecución de hipotecas impagadas.
La idea es buena, la de regular los precios, pero debe ir acompañada de un buen control antifraude para que todos aquellos que alquilan el piso de boquilla y sin contrato se les metan buenas sanciones, hablo de multas de 10.000€ para arriba por no legalizar el alquiler, si no hay control del mercado negro, nunca se va poder regular el alquiler por muchos limites que se le pongan. Y la norma debe ser estatal y de obligacion para todas las C.Autonomas ( todo lo que no sea eso, sera un empastre )