El vicepresidente primero y conseller de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, consideró ayer «gravísimo» que no se incluya asignación para los convenios de carreteras en Baleares en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. «Desde el Consell creemos que es una auténtica vergüenza. Hace dos semanas se vendió como un huevo de dos yemas este ‘factor de insularidad' que suponía 100 millones más para Baleares y ahora descubrimos en los presupuestos que nos los quitan del convenio de carreteras», denunció.
Juan añadió que el «tan cacareado» factor tenía que servir para añadir financiación, «no para quitarnos los convenios de carreteras que el Estado siempre ha pagado». También recordó que el anterior acuerdo estaba dotado con 54 millones de euros invertidos, entre otras obras, en la mejora de la carretera de Santa Eulària. «Sin esta financiación, ni el Consell ni ningún ayuntamiento puede acometer obras tan caras ni tan importantes. Es una auténtica vergüenza. Nos han dado unos millones que ahora nos quitan por otro lado», aseguró.
En estos momentos, el Consell d'Eivissa tenía preparada una solicitud para la mejora de infraestructuras por valor de 100 millones de euros. «Parece que nos hacen perder el tiempo y se burlan de nosotros», reiteró. También se preguntó si los 15 millones pendientes de cobro del anterior convenio se quedarán sin abonar por parte del Gobierno. «Es todo muy rocambolesco», lamentó el conseller, quien criticó además el «poco peso» del Ejecutivo de la presidenta Armengol en Madrid.
Juan ya avanzó que pedirán a los diputados y senadores que defienden los intereses de los ibicencos que voten en contra de las cuentas generales o que, al menos, presenten enmiendas para mejorarlas. «El convenio de carreteras es algo irrenunciable. Es algo que históricamente se ha hecho siempre con independencia del color político. Que esto desaparezca, es el primer recorte de la era Sánchez», concluyó.
Las negociaciones
Tan solo cuatro meses atrás, y antes de la eliminación del convenio de carreteras del proyecto de presupuestos, el Consell d'Eivissa y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana acordaron sentarse a negociar un nuevo acuerdo puesto que el actual está caducado desde hace más de año y medio. El conseller Mariano Juan explicó entonces que habían llegado a mandar al Ministerio hasta cuatro comunicaciones previas para poder avanzar en esta cuestión. De hecho, el pasado mes de abril la institución insular lamentó que el Ministerio negociara ya con Mallorca, pero no contestara a las demandas de Ibiza en este sentido. «Esto es lo indignante. Parece que se burlan de uno porque tardaron más de un año y medio en recibirnos para comenzar a negociar», lamentó Juan.
El conseller destacó que después desde el Gobierno le habían manifestado su voluntad de seguir colaborando con la negociación de un nuevo convenio de infraestructuras viarias, aunque no se concretaron detalles. «No nos dijeron ni cantidades ni nada», recalcó el pasado mes junio el conseller. Incluso, en una primera toma de contacto entre ambas instituciones, el Consell informó que estaban en disposición de enviar justificaciones por valor de 16 millones de euros y que hasta la fecha se habían justificado otros ocho millones. También informaron al Ministerio sobre todos los proyectos que tenían en marcha y que se planteaban presentar para su inclusión en el nuevo convenio de carreteras. Entre otros, propuestas como la reforma integral de la E-10; la ampliación de la carretera de Sant Josep a Sant Antoni o la reforma de la carretera de Cala Llonga, desde Santa Eulària hasta Jesús.
Sobre estos proyectos, Juan recordó que su ejecución dependía del convenio «y ahora me gustaría saber cómo podremos financiar estas infraestructuras».
La valoración del Govern
A pesar de todo, la consellera balear de Hacienda, Rosario Sánchez, destacó ayer en el Parlament que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 incluyen por primera vez el Factor de Insularidad previsto en el Régimen Especial de Baleares (REB) con una dotación de 183 millones. Ello, sumado a la inversión directa del Estado de 172 millones de euros, va a situar la inversión por habitante en Baleares por encima de la media nacional, según señaló.
En relación a Ibiza, y entre las obras detalladas en el informe presentado ayer desde el Gobierno, figura la licitación de la redacción de los proyectos de construcción de los nuevos edificios judiciales en Ibiza (segunda fase), con un coste total de 18,6 millones.