El Govern balear ha solicitado al Consell Consultiu que dictamine qué institución es competente en la regulación la nueva orden de carga y descarga del sector del taxi en la isla.
La falta de actualización de esta normativa tiene congeladas las tarifas del sector desde el año 2013 y limita la posibilidad de que los taxistas puedan recoger clientes en un municipio distinto al suyo, entre otros aspectos.
El conseller balear de Movilidad y Territorio, Josep Marí, informó este viernes de esta decisión a los responsables municipales de los ayuntamientos de la isla y al Consell, al considerar los servicios jurídicos que parte de esta regulación la puede hacer el propio Consell d'Eivissa.
Marí calculó que recibirán una respuesta en un plazo de dos meses y se puso como objetivo tener esta regulación antes de la próxima temporada turística.
El conseller insular de Innovación, Transparencia, Participación y Transporte, Javier Torres, indicó que en marzo de 2020 se envió una propuesta consensuada de orden de carga al Govern para su estudio y aprobación.
Adelantó que seguramente será el Govern el que apruebe la actualización de tarifas mientras que al Consell le corresponderá la regulación de la carga y descarga de clientes. El Consell ya se reunió con el sector para tratar este tema hace algunas semanas y ya tiene un borrador actualizado del texto que permitiría un trámite de aprobación ágil.
El encuentro entre Marí y Torres sirvió para firmar el acuerdo por el cual el Govern cede al Consell ocho máquinas expendedoras y validadores de títulos de transporte que funcionan con el sistema tarifario que está vigente en estos momentos a la isla.
Cesión gratuita
Se trata de una cesión gratuita y de forma temporal hasta que finalicen las actuales concesiones de transporte regular de viajeros por carretera de Ibiza.
En el momento en que entre en funcionamiento el nuevo sistema tarifario desde el Govern tienen el compromiso de instalar el equipamiento necesario para ponerlo en marcha, consistente en 116 máquinas de venta, 343 equipos de validación de billetes, así como 126 paneles led para dar información a los viajeros, 348 cámaras de seguridad y equipamientos de comunicación por un valor de 1.216.000 euros.
También se abordó la nueva regulación de VTC en Baleares y la solicitud del Consell de agilización de los trámites para desguazar los coches no reclamados en depósitos de municipales.
Respecto a las VTC, Torres recordó que Ibiza es la isla con más solicitudes de licencias de VTC en Baleares, más de 500, y desde un primer momento se solicitó esta normativa. Pidió por ello al Govern poder participar en la elaboración de este documento del que ya existe un borrador avanzado.
Por otra parte indicó que en verano se había hecho llegar al Govern la petición de que se desarrolle un procedimiento más ágil para el desguace de vehículos de poco valor que se encuentran en los depósitos municipales ocupando sitio sin que nadie los reclame. Indicó que esto afecta a la posibilidad de inmovilizar vehículos de taxistas pirata. Marí expresó la voluntad del Govern de estudiar estos temas.
Actividad del titular de taxi
El conseller también se pronunció, a preguntas de la prensa, respecto a la exclusividad, o no, de los taxistas en su actividad.
La reciente aprobación de una modificación en la ordenanza de Sant Antoni y las diferencias entre la normativa autonómica y estatal han suscitado dudas respecto a este tema.
El conseller tiró balones fuera e indicó que son los ayuntamientos los que deben fijar «de forma clara» en sus ordenanzas si permiten o no que los taxistas puedan tener otra actividad.
El déficit del bus en 2021 podría alcanzar los 2,2 millones
El conseller de Transporte, Javier Torres indicó este viernes que las proyecciones de desequilibrio de las cuentas de la concesión de transporte público de la isla podrían rondar en 2021 entre los 2 y los 2,2 millones de euros. Torres indicó que desde la institución insular se había solicitado al Govern que se vuelva a hacer cargo de este reequilibrio «en un año extraordinario», como ya sucedió en 2020.
La deuda con las empresas concesionarias el año pasado por el déficit de actividad fue de 3,55 millones de euros que el Consell adelantó a las empresas y el Govern estaría a punto de abonar para reequilibrar las cuentas insulares.
El conseller balear de Movilidad, Josep Marí, subrayó la falta de acuerdo entre las instituciones en este aspecto. Apuntó que para hacerse cargo del agujero en las cuentas de las empresas de transporte el Govern había contado en 2020 con fondos estatales creados para este efecto pero para futuros desequilibrios valoró que los consells que ostentan esa competencia deberían asumir este desequilibrio.
Recordó que desde el Govern se habían transferido 2,25 millones de euros para Ibiza para destinar a políticas de transporte. «Esto no significa que en el tramite parlamentario de aprobación de los presupuestos no se pueda discutir, pero de momento lo que se plantea es que lo asuman los consells insulares».