Mucha incertidumbre, miedo, impotencia, frustración y, además, un inminente desalojo. Con estas emociones amanecieron ayer 28 familias que viven en los apartamentos Don Pepe.
Esta desesperación la llevan sintiendo más de año y medio, pero muchos «corazones se rompieron» anteayer por la mañana cuando el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, explicó en rueda de prensa que el Ayuntamiento ya cuenta con el auto judicial de desalojo por el riesgo de derrumbe, la orden que obliga a los vecinos de las escaleras 3, 4 y 5 a abandonar sus hogares «de siempre».
Resaca informativa
Todavía en plena resaca informativa, tras la bomba del alcalde josepí, muchas de las familias vinculadas con este conflicto urbanístico, tanto inquilinos, propietarios, vecinos desahuciados de la escalera 2 o residentes del otro bloque, se reunieron ayer por la mañana para establecer un plan de acción «civilizado y organizado». Así lo definió la presidenta de la Asociación de Vecinos de los edificios Don Pepe, Silvia Hernández. Con mucha convicción, la portavoz de los afectados pidió calma y tranquilidad a las familias, pese a la orden judicial. «Seguiremos reivindicando nuestros derechos hasta el final. Todo lo que hagamos se tiene que coordinar y tiene que tener repercusión», afirmó Silvia mientras un murmullo de dudas se alzaba en el ambiente.
Muchos de los vecinos, impacientes por participar, empezaron a cuestionarse el alcance de esta resolución legal. «Una vez el Ayuntamiento consiga desalojar íntegramente este bloque, irá a por el siguiente. No tienen límites», destacó Chari García, propietaria de una vivienda.
Los nervios, que empezaron a monopolizar sus cuerpos trémulos debido al frío, hicieron que varios afectados recordasen algunas de las situaciones traumáticas que han tenido que vivir durante todo este tiempo.
«Llevamos sufriendo un acoso atroz por parte del Consistorio desde 2020. Tengo el alma rota. Han logrado mermar mi salud mental y física. Llevo meses tomando ansiolíticos», destacó con la voz quebrada Anisa Mohamed. Esta mujer es propietaria de uno de los pisos que quieren desalojar antes del 17 de diciembre. Su pasión y voluntad reivindicativa convirtió la reunión en un cruce de ideas para la movilización. «Iremos al próximo pleno de Sant Josep para que, de una vez por todas, nos escuchen», señaló con ímpetu esta vecina.
Según Silvia Hernández, llevan sufriendo una completa indiferencia municipal desde diciembre del 2020. «La última vez que me reuní con el alcalde para llegar a una solución satisfactoria fue hace un año. Desde entonces, nada. Dejadez absoluta con nosotros», puntualizó la portavoz.
En este sentido, resaltó que la estrategia del equipo de gobierno es compartir con los medios, dejando a la comunidad al margen, toda la información judicial y las posibles soluciones que barajan una vez se ejecuten los desahucios.
Opinión pública
«Nadie quiere perderse el favor de la opinión pública», subrayó el vecino Javier Galicia con indignación. Impotencia que también comparte Eduardo Gomariz.
A este joven inquilino le ha tocado vivir esta situación tan «dramática» demasiado pronto. Con mucha atención a todo lo que se debatía en la reunión, Eduardo ofreció todo su apoyo a la movilización social.
Con una mirada inocente y encorvado en una pose de completa timidez, este joven observó de principio a fin todo lo sucedido en la charla vecinal. La reunión concentró a 30 personas adultas y alrededor de 12 niños.
Entre los asistentes, Almudena Medrano, una de las vecinas de la escalera 2 que ya fue desalojada el 24 de junio de este año. Almudena estuvo ayer en los apartamentos Don Pepe con el objetivo de apoyar a las 28 familias afectadas tras la orden judicial que se destapó anteayer.
«Ahora mismo sé lo que están sintiendo. Es una impotencia muy grande», señaló con tristeza. Ahora mismo esta mujer sevillana, afincada en la isla desde hace años, está viviendo en un apartamento turístico en el Bon Sol, cedido por el Ayuntamiento durante un tiempo limitado.
«Dormimos todos, mis hijos y yo, en la misma habitación. Hemos colocado colchones en el suelo porque no cabíamos. Además, el piso no tiene lavadora», subrayó. Estos apartamentos turísticos temporales son la solución alternativa que desde el Consistorio fijaron cuando empezaron a desalojar a los vecinos de este bloque.
De momento, según Silvia Hernández, se desconoce bajo qué condiciones procederán al abandono, si es que al final lo hacen, las 28 familias obligadas a ser desahuciadas el próximo mes.