El pleno del Parlament reclamó el martes del Ejecutivo estatal más juzgados contra la violencia de género. Fue a iniciativa de los grupos del Govern y así se recogía en la propuesta que defendió la diputada del PSIB Silvia Cano que, además, insta al Ejecutivo balear a «revisar y actualizar el protocolo interinstitucional de detección, prevención y atención de la violencia machista y ataques sexuales» en las Islas. Sólo Vox y el diputado Maxo Benalal (no adscrito a ningún grupo después de ser expulsado de Cs) votaron en contra.
Silvia Cano, que es secretaria de Igualdad del PSIB, señaló que «el compromiso de los socialistas contra la violencia hacia las mujeres es firme» y recordó que «desde 2003 han sido asesinadas 1.117 mujeres y 44 niñas y niños en toda España; en las Islas, en 2018 se interpusieron 5.352 denuncias por violencia de género y en 2019, fueron 6.493, un 9,3 % más».
La iniciativa también quiere que el Govern asegure que los recursos para la atención a las víctimas sean equitativos en todas las Islas y que «se sigan tejiendo alianzas» con las organizaciones de mujeres.
Tasa Covid y factura eléctrica
Era una iniciativa de Més per Mallorca y, el martes, salió adelante con el voto de los partidos que dan apoyo al Govern. El Parlament reclamó al Gobierno estatal la creación de un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad de implantar una tasa COVID sobre los beneficios empresariales «excesivos» derivados de la situación de pandemia. Según Miquel Ensenyat, «queremos que quien ha ganado con la crisis pague. No queremos que nos ocurra como con el rescate bancario».
Durante la sesión, también se aprobó parcialmente una proposición no de ley defendida por el diputado popular Sebastià Sagreras por la que el Parlament insta al Gobierno, a simplificar la factura de la luz para facilitar su comprensión; y por unanimidad a poner en marcha una campaña de información a los consumidores.