El Pleno del Consell d'Eivissa aprobó ayer instar al Govern a realizar los cambios normativos necesarios para combatir las fiestas ilegales. La institución insular ya ha propuesto una serie de cambios consensuados con los agentes implicados. Según precisaron, el objetivo es dotar a los ayuntamientos y cuerpos y fuerzas de seguridad de más herramientas para combatir estas fiestas al margen del ocio legal y que suponen un riesgo sanitario grave.
El vicepresidente primero y conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, explicó que, aunque el problema se arrastraba desde hace años, las restricciones impuestas en el ocio nocturno han hecho crecer de manera exponencial estas celebraciones. Según Juan, es un «problema sanitario, de convivencia e imagen turística, que además perjudica a quienes sí han pedido sus permisos y han pagado sus impuestos».
La propuesta que se remitirá al Govern ha sido trabajada en una mesa compuesta por ayuntamientos, policías locales o grupos políticos y cuenta con un informe favorable de los Servicios Jurídicos del Consell, contemplándose más sanciones para los infractores y la posibilidad de que la Policía Local pueda entrar en un lugar donde se celebra un evento ilegal. Para el conseller, estas fiestas significan un «flagrante incumplimiento» de la legislación en materia de actividades. También apuntó que la capacidad competencial del Consell sólo permite la actuación de la institución en caso de que la fiesta tenga lugar en una vivienda turística, en la que el Consell puede intervenir dando de baja la licencia.
Según el conseller, no se está ante fiestas particulares, sino que se habla de una industria del ocio pirata, sin intimidad ni inviolabilidad del domicilio alegable. «Son actividades y locales en fraude de ley y no una vivienda», concluyó. En este sentido, se eleva la sanción de 30.000 a 100.000 euros y responsabiliza a las personas que participen del lucro de esta actividad, haciendo también responsable subsidiario al propietario que no participe activamente en la finalización de la actividad ilegal si se acredita la libre concurrencia.
Desde la institución piden al Govern que tenga en cuenta la propuesta de modificación legal para combatir estas fiestas «porque es la forma más rápida y eficaz para dotar de herramientas legales a ayuntamientos y policías legales». Así, se le pide que impulse las modificaciones pertinentes y estudie la posibilidad de aprobarlas vía decreto, lo que permitiría su aplicación antes de la temporada turística.
Las patronales
.Patronales y asociaciones de Ibiza apoyan a la máxima institución insular en su petición. Desde la Asociación Ocio de Ibiza, el gerente José Luis Benítez no ocultó su satisfacción puesto que «en la isla, esta temporada hemos tenido un problema muy grande y se demuestra que el Consell está haciendo algo bastante importante para solucionarlo».
Para Ocio de Ibiza, la propuesta es «fabulosa», por lo que en todo momento han estado de acuerdo con lo que pretende la institución insular. Según Benítez, para la patronal, incluso las sanciones deberían ser más duras puesto que las fiestas ilegales suelen ser eventos en los que se gana mucho dinero y, en ocasiones, compensa más pagar las multas que cancelarlos. «Hay una buena sintonía entre el Govern y el Consell porque saben los problemas que están creando este tipo de fiestas. Esperemos que los cambios puedan tramitarse rápido», reconoció Benítez.
La propuesta no logró ser aprobada por unanimidad en el pleno del Consell (PSOE y Podemos se abstuvieron), algo que lamentó Benítez ya que «está muy claro que cuando han salido las cosas bien es cuando los partidos han ido de cara, todos a una. En ocasiones hay que olvidarse de los colores políticos».
También desde Pimeef, el presidente Alfonso Rojo reconoció que, a la hora de pedir cambios legislativos, inicialmente ellos irían «muy a máximos», sobre todo en el tema de las sanciones. Aún así, la propuesta detallada desde el Consell d´Eivissa para luchar contra las fiestas ilegales les parece positiva. «Lo primero que le pedimos a la Administración es premura, que la propuesta sea efectiva y rápida», manifestó Rojo.
«Pedimos que sean leyes que se puedan cumplir, que se doten de personal para inspección y de agilidad en la instrucción. Esa ley debe salir a la calle ya, no para atajar un problema que pueda darse en tres años», añadió.
Por su parte, el vicepresidente de CAEB en Ibiza y Formentera, José Antonio Roselló, reconoció también que, en su patronal, desde el primer momento prestaron «todo su apoyo» a la propuesta porque es «muy necesaria para evitar la situación que hay ahora, cuando muchos hacen de su capa un sayo».
Próxima temporada
Roselló recordó que la iniciativa está basada en un estudio que elaboró el departamento de Lucha contra el Intrusismo del Consell y está inspirada a su vez en otros informes previos sobre normativas y temas de tipo jurisprudencial. «Había que intentar darle una vuelta de tuerca a este asunto y veremos si tiene éxito en todo su recorrido y se convence a las fuerzas políticas para que los cambios legislativos puedan salir adelante».
Para Roselló, «lo ideal» sería que estas modificaciones normativas fueran una realidad de cara a la próxima temporada, aunque pueden aparecer trabas, principalmente de tipo político: «Al no ser un gobierno monocolor, el Govern tiene una capacidad de impulso complicada. Soy un poco escéptico en relación a que los cambios puedan conseguirse de cara al próximo verano». En este sentido, desde CAEB pidieron a la presidenta balear Francina Armengol una acción de liderazgo decidida.
También la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza y Formentera (AVAT) expresó su apoyo a la propuesta planteada ayer. Su presidente José Antonio Llano aseguró que «las fiestas ilegales hacen mucho daño a la isla y al sector de la vivienda legalizada».
Conscientes de que en ocasiones el propietario del lugar donde se celebra el evento es desconocedor de esta actividad, desde AVAT habían solicitado que no toda la sanción recaiga sobre esta persona y se valore su predisposición a la hora de atajar estas celebraciones ilegales. «Es importante que se tomen iniciativas valientes, que se intente acabar con el problema del intrusismo, que daña bastante la imagen», concluyó Llano.