El PP de Ibiza lanzó ayer la advertencia de que la isla se convertirá en un destino «imposible» para los funcionarios públicos debido a la inflación disparada y sostenida en el tiempo, así como a los precios «inasumibles» de la vivienda. El diputado ibicenco Miquel Jerez explicó que los funcionarios destinados a Ibiza encontrarán «enormes dificultades» si no se toman «medidas urgentes» para paliar los efectos «del elevado precio de la vivienda, de la energía, la inflación y el sobrecoste generado por la propia insularidad».
Las valoraciones
Sindicatos como CSIF o Jupol (Policía Nacional) valoraron ayer la alerta lanzada por el Partido Popular sobre estas dificultades que van a sufrir los funcionarios públicos destinados a Ibiza si no se buscan soluciones al problema de la insularidad o al elevado coste de la vivienda.
El delegado del sector Justicia del CSIF, Sabino Aramburu, lamentó ayer que nada ha mejorado en asuntos como la precariedad salarial o la falta de incentivos para fidelizar plantillas. «Con un sueldo, en Ibiza es difícil afrontar una vida normal, y ya no hablamos de si se tiene familia. Con mil y pocos euros no se puede pagar un alquiler, la cesta de la compra, la luz o el agua. La situación es la misma y seguimos reclamando el famoso plus de insularidad que se percibe en Canarias, Ceuta o Melilla».
Para Aramburu, la equiparación del plus de insularidad sería una ayuda a la hora de estabilizar plantillas: «Las de la Administración General del Estado no tienen estabilidad en la isla precisamente por la carestía de vida. Vienen los que vienen, porque como haya otras plazas, no van a pedir trabajar en las islas y, si lo hacen, primero piden Palma». En estos últimos años, nada ha mejorado en toda esta situación. De hecho, Aramburu denunció ayer que en las listas provisionales en el último proceso de traslados en Justicia, nadie concursó para venir de la Península a las islas. Quienes han obtenido una plaza tras una oposición, primero han agotado las opciones peninsulares y, después, Mallorca y Menorca porque «estas islas aún están mejor que Ibiza en cuanto a la carestía de vida», consideró.
El delegado del CSIF insistió en que la única solución es incentivar económicamente a los funcionarios: «Las plantillas, ya sea en Tráfico o Hacienda, están en cuadros. Ahora el usuario no puede acceder como antes por el tema del coronavirus y vienen con cita, dando la sensación de que la cosa está más calmada. La realidad es que el personal sigue brillando por su ausencia».
Policía Nacional
El sindicato mayoritario en la Policía Nacional, Jupol, consideró «muy acertada» la alerta comunicada por el PP. Los ‘populares' recordaron que, hace tres años, cuatro administraciones firmaron en Ibiza un protocolo para la construcción de 120 viviendas destinadas a funcionarios junto a un solar de la comisaría nacional. «Donde podría haber viviendas disponibles a precios asequibles, sólo existen piedras y matojos. Govern balear y Ministerio del Interior son los responsables. Ha llegado el momento de pedir explicaciones», declaró el diputado popular Miquel Jerez.
Para Iván Martín, portavoz de Jupol, a la hora de defender a los funcionarios destinados, los políticos no solamente deben referirse a esta promoción de viviendas sino que también tienen que batallar para que los trabajadores desplazados a las islas perciban el plus de insularidad. «Tenemos compañeros ibicencos que se han tenido que desplazar a otro destino porque no tienen posibilidad de acceder a una vivienda», lamentó Martín.
Desde Jupol reconocieron no tener ningún tipo de información sobre la construcción de las 120 viviendas comprometidas en Ibiza, justo detrás del solar de la comisaría de la Policía Nacional.
El senador ibicenco José Vicente Marí exigió ayer la reactivación del protocolo firmado para la construcción de esta promoción residencial. Según manifestó también deben habilitarse medidas para conseguir una estabilidad en las plantillas. «La construcción de las viviendas dotacionales para funcionarios prevista en el solar de la comisaría sería una buena solución pero, tres años después, lo siguen teniendo todo empantanado», criticó Marí. El senador consideró que lo que se pretende es dejar caducar el acuerdo.
Desde el PP reconocieron además que la carestía de vida en las islas tiene una incidencia directa en la estabilidad de las plantillas y en la prestación del servicio. Estas circunstancias adversas generan un clima de desarraigo entre los funcionarios, en mayor medida entre los que tienen en Baleares su primer destino forzoso. Así, la búsqueda de un destino económicamente más sostenible es el siguiente paso.
La formación política aseguró que, según los sindicatos, en el año 2002 en Ibiza trabajaban 5.324 empleados del Estado frente a los 4.000 actuales.
El diputado Miquel Jerez reiteró que «se avecina un año complejo para los funcionarios destinados en Baleares que van a experimentar las adversidades de una inflación disparada y sostenida en el tiempo y unos precios para el acceso a la vivienda inasumibles».