El Consell, por su parte, mantiene el informe elaborado por sus servicios jurídicos y, según el cual, sería necesario modificar las leyes de Actividades y Turística para poder poner coto a las fiestas clandestinas. Esta modificación pasa forzosamente por dejar de considerar domicilio a las viviendas turísticas en las que se celebran estos eventos ilegales.
Con este fin, plantean varias fórmulas que deberían permitir a las fuerzas de seguridad entrar en estas residencias cuando fueran detectadas estas actividades sin necesidad de tener respaldo judicial. Podrían, además, solicitar a las diferentes compañías que cortaran los suministros de agua y energía, además de desalojar de forma ordenada el recinto.
Acciones que hoy en día no pueden tomar precisamente por ese paraguas de protección que ofrece al lugar donde se celebran estas fiestas la denominación de domicilio o vivienda.