La Asociación de Viviendas Turísticas (AVAT) y la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef) mostraron ayer su rechazo a la propuesta del alcalde de Sant Josep, el socialista Ángel Luis Guerrero, de reducir el número de viviendas turísticas en la mayor de las Pitiusas como forma de atajar el grave problema de las fiestas ilegales.
En un comunicado, AVAT, entidad presidida por José Antonio Llano, aseguró haber recibido las palabras de Guerrero, publicadas por Periódico de Ibiza y Formentera este pasado fin de semana, con «estupor y perplejidad». La asociación recordó al alcalde de Sant Josep que, según el balance de denuncias presentado por el Consell d'Eivissa meses atrás, ha quedado demostrado que «las fiestas ilegales se producen mayoritariamente en viviendas particulares y en viviendas que están fuera de la oferta reglada, es decir, ilegales». «Atacar al sector de la vivienda turística reglada», añadió, «lo consideramos a todas luces incomprensible e injusto».
En este sentido, el presidente de la patronal, José Antonio Llano, señaló en declaraciones a este rotativo que de las cerca de 40 fiestas clandestinas detectadas el pasado verano, «solo cinco» se habían celebrado en viviendas turísticas legales. «Estamos indignados», añadió al referirse a las palabras de Guerrero, «porque nos ha presentado como si fuéramos los culpables cuando la realidad es que estas fiestas se celebran hasta en espacios naturales».
Cambio de nombre
Ángel Luis Guerrero, por otro lado, además de plantear la posibilidad de que el Consell redujera el número de licencias, también indicó que el problema para intervenir en los mismos policialmente a la hora de detectar una fiesta ilegal está en la denominación de «vivienda», por lo que propuso que pasen a llamarse «entidades hoteleras». Una propuesta que también rechazó AVAT en su comunicado, en el que recordó que «una vez se inicia una actividad económica irregular y clandestina en una vivienda, esta debe dejar de ser considerada como tal y la Administración debe poder tomar las medidas correspondientes para la finalización de la misma».
AVAT mostró así su apoyo total a la propuesta de modificación legislativa planteada por el Consell d'Eivissa para afrontar este grave problema y que consiste precisamente en lograr que tanto la ley autonómica de actividades como la turística contemplen esta indicación, la de la pérdida de la condición de domicilio para aquellas viviendas, sean o no turísticas, en las que se detecten estas actividades clandestinas. En este sentido, Llano indicó que la propuesta del Consell «es un punto de partida» necesario y «valiente» dada la situación que vive Ibiza por culpa de este tipo de intrusismo. «Estas fiestas son una actividad ilegal», insistió el presidente de AVAT, «y hay que hacer una modificación legislativa que permita acabar con ellas. Nosotros no queremos entrar en una guerra pero sí quiero dejar claro que las viviendas turísticas regladas han contribuido a que la actividad turística no se detenga y hemos logrado superar momentos en los que lo hemos pasado mal por campañas en contra nuestra. Esto es un problema de intrusismo que hay que solucionar», apuntó.
El problema del intrusismo
Sobre esta cuestión también se pronunció ayer el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, quien mostró su «total apoyo» tanto a AVAT, entidad asociada a esta patronal, como al Consell d'Eivissa. Rojo recordó que el intrusismo es «un problema gravísimo» en Ibiza y apuntó al Govern como responsable directo de lo que está sucediendo en la isla al recordar que el cierre del ocio nocturno ha tenido como consecuencia la proliferación de estas fiestas clandestinas. «Se dice que Ibiza puede vivir sin ocio nocturno, pero no es cierto», afirmó, «ha habido ocio nocturno estos dos años, pero ilegal. Se ha hecho en locales, en viviendas, en playas, en bosques… Y nosotros ya advertimos de que, si se cerraba la oferta de ocio nocturno, se haría todo desde el intrusismo. El tiempo nos ha dado la razón».
Rojo, no obstante, aclaró que desde la Pimeef se considera que las restricciones al ocio nocturno se han adoptado «con buen criterio». Sin embargo, también apuntó que, en el mismo periodo, «no se han podido controlar las actividades ilegales». El presidente de la Pimeef, finalmente, aplaudió la iniciativa del Consell d'Eivissa para atajar este tipo de eventos clandestinos. Y añadió: «No es normal que la policía tenga que estar ocho o 10 horas esperando fuera de una fiesta ilegal para que la gente salga y poder identificarlos aun sabiendo que lo que se está haciendo dentro es ilegal. Esto nos cuesta dinero y no sirve para nada».
Cs exige a la fse-psoe involucrarse y dejar de «ponerse de perfil»
Sobre las fiestas ilegales también se pronunciaron ayer los consellers de Ciudadanos en la institución insular. La formación exigió a la FSE-PSOE involucrarse en la lucha contra las fiestas ilegales «en lugar de ponerse de perfil».
Ciudadanos pidió a los socialistas apoyar la propuesta de modificación legislativa presentada por el Consell ante el Govern y recordaron que este documento es la respuesta a la petición del Ejecutivo de Francina Armengol sobre esta cuestión. «Nos pidió una propuesta con informe jurídico para combatir las fiestas ilegales», recordaron, «y así lo hemos hecho. Hemos intentado negociar con todas las administraciones implicadas, independientemente del color político, para dar recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que tengan seguridad jurídica y herramientas para actuar contra este problema».
El portavoz del partido y conseller, Javier Torres, también mostró su apoyo a AVAT ante las declaraciones del socialista Ángel Luis Guerrero. En este sentido, pidió al PSOE «arrimar el hombro» y recordó que «las denuncias de los últimos veranos demuestran que las fiestas ilegales se producen en viviendas particulares, no en las turísticas».
«La postura del PSOE ante las fiestas ilegales», concluyó Torres, «es inaceptable ya que es un problema que sufren también el resto de islas, no solo Ibiza. Desde Ciudadanos pedimos a los partidos que forman parte del Ejecutivo balear que reconsideren su postura, se pongan manos a la obra y apoyen la propuesta del Consell».