Con «vergüenza» e «indignación» vieron el pasado martes los vecinos de los apartamentos Don Pepe cómo el Govern y los partidos que le apoyan rechazaban en el Parlament la posibilidad de modificar la ley para que el edificio pueda ser legalizado y, de este modo, obtener una licencia que les permita rehabilitarlo. Más enfado ha causado aún el hecho de que, según explicó el miércoles la portavoz de los afectados, Silvia Hernández, el Govern y el Ayuntamiento de Sant Josep estén «mareando la perdiz» con la cuestión de las ayudas que se les prometieron.
El Parlament votó el martes en contra de una moción presentada por la diputada del PP Virginia Marí con el fin de lograr esta modificación legislativa y la agilización de las ayuda para los desalojados de este inmueble ubicado en el parque natural de Ses Salines. Una votación que Silvia Hernández calificó también de «vergonzosa» porque, aseguró, «lo único que refleja es que están utilizando este problema como arma política y para tirarse los trastos».
Hernández lamentó que ni el Govern ni el Ayuntamiento de Sant Josep hayan puesto aún sobre la mesa las ayudas económicas prometidas a los vecinos. «Ni siquiera», recordó, «sabemos cuánto dinero va a poner el Govern». Y denunció que, en su opinión, ambas administraciones están ralentizando a propósito la entrega a los vecinos del dinero consignado por el Consell d'Eivissa. «Da la sensación de que quieren que no sea el Consell el primero en entregar las ayudas», señaló en este sentido. Y añadió: «El problema es que no están teniendo en cuenta que los afectados somos nosotros».
«Grandes olvidados»
La portavoz de los propietarios de los Don Pepe mostró también su preocupación ante la posibilidad de que las ayudas del Govern y del Consistorio no tengan en cuenta a los desalojados de las escaleras 1 y 2 y que se centre en las de las 3, 4 y 5. «Los desalojados de la 1 y la 2», afirmó, «son los grandes olvidados en esta historia. No tuvimos ayuda ni para la mudanza, ni para los trasteros. Solo dos meses pagados en el Bonsol y luego unos 3.000 euros para pagar el alquiler. Hay una persona que ya ha perdido el coche».
Hernández arremetió duramente contra el conseller autonómico de Vivienda y ex alcalde de Sant Josep, el socialista Josep Marí Ribas Agustinet, al que acusó de «manipular la información». La portavoz de los afectados criticó también que las trabas que, al parecer, está poniendo el Consistorio a la entrega de las ayudas ya consignadas por el Consell d'Eivissa. En este sentido, explicó que «técnicos» de las dos instituciones «se están reuniendo desde hace días» para que queden claros todos los términos del convenio que firmaron con este objetivo a principios del pasado mes de enero. «Es un convenio en el que el Consell se lo ha dado todo mascado al Ayuntamiento», aseguró Hernández, «y, sin embargo, ellos siguen sin entregarnos el dinero. Se les ha explicado que esto es una prestación, no una ayuda e, incluso, se cita en el propio convenio la ley de 2020 en base a la que se otorga y cómo debe hacerse. Pero ellos siguen sin hacer nada».
«Tenemos una situación económica muy comprometida», afirmó Silvia Hernández, «y necesitamos soluciones ya». Y, finalmente, mostró su rechazo a lo sucedido en la Cámara autonómica pues, recordó, «las leyes se han cambiado en muchas ocasiones, no solo para hacer un campo de fútbol en Ibiza, sino para otras cosas como hemos visto con el COVID-19». «Está claro», concluyó, «que quienes no están a favor de que podamos volver a nuestras casas y rehabilitar el edificio solo pueden justificarse por su falta de voluntad política. Las leyes se han cambiado en otras circunstancias e, incluso, por la vía de urgencia».