El drama de los vecinos de los apartamentos Don Pepe regresó el martes al Parlament en forma de moción defendida por la diputada del PP Virginia Marí. Una propuesta que no obtuvo el apoyo suficiente para salir adelante pero que permitió conocer de forma clara cuál es la postura de cada partido con respecto a este grave problema. La moción siguió a una pregunta sobre la misma cuestión dirigida al titular de Vivienda, el socialista Josep Marí Ribas Agustinet, quien se limitó a señalar que se mantienen reuniones con los afectados y no explicó a cuánto ascenderán las ayudas que el Govern debe entregarles.
Con su moción, el PP pretendía, por un lado, retratar al Consistorio de Sant Josep, gobernado por el socialista Ángel Luis Guerrero, y cuya actuación en este asunto ha recibido duras críticas tanto por parte de los afectados como del PP. Por otro lado, pretendía activar posibles modificaciones legislativas que permitieran legalizar de forma excepcional el inmueble para facilitar así que los propietarios puedan rehabilitarlo y regresar a sus viviendas.
«Como delincuentes»
Virginia Marí acusó al Consistorio de haber tratado a los vecinos de los Don Pepe «como si fueran delincuentes» en lugar de «simples familias a la que estaban desalojando». La diputada del PP criticó también que el dinero enviado por el Consell d'Eivissa al Ayuntamiento josepí, 300.000 euros de un total comprometido de 500.000, aún no haya sido entregado a los propietarios de los Don Pepe, muchos de los cuales, aseguró «están en tratamiento médico o psicológico» por culpa del desalojo. Por ello pidió al Parlament que mostrara su rechazo «al trato que ha dado el Ayuntamiento» a las familias, así como «a la dejadez» del propio Govern y a «la falta de propuestas de solución».
En cuanto a la posibilidad de modificar la legislación vigente, Marí pidió al Parlament a través de su moción instar al Govern «a posibilitar y facilitar la rehabilitación» del edificio «a través de la modificación de la ley de urbanismo de Baleares o de cualquier otra normativa». Una propuesta que, según recogía la moción, afectaría también a «los edificios o instalaciones que pudieran estar fuera de ordenación».
Legalización «excepcional»
La diputada ibicenca del PP defendió también que se solicite al Consejo de Ministros «la legalización de manera excepcional y por razones de utilidad pública debidamente acreditada» del edificio de los Don Pepe. Planteó, además, la necesidad de que estos reciban «todos y cada uno de los expedientes que han solicitado y que no se les han entregado». Y, finalmente, reclamó que el Parlament pida al Consistorio «buscar todas las soluciones posibles» que estén «dentro de la legilidad» y que eviten que los afectados queden «en la ruina más absoluta». Marí, finalmente, defendió que los vecinos desalojados y las tres administraciones implicadas, Ayuntamiento, Consell y Govern, se reúnan «a la mayor brevedad posible» con el objetivo de «encontrar una solución definitiva y consensuada» para este problema.
Solo Vox y Ciudadanos mostraron su apoyo a algunos de los puntos de la moción del PP. Los partidos del Govern rechazaron todas las propuestas. Una negativa que llevó a Virginia Marí a acusarles de «cinismo» y de carecer de «voluntad política» para solucionar el problema. Marí recordó que los vecinos de los Don Pepe tienen sus propios informes que niegan el supuesto estado de ruina del edificio. «Tienen», añadió, «hasta un presupuesto de reforma». Por ello insistió en que darles una solución es «un tema de voluntad política» y acusó a los partidos del Ejecutivo autonómico de no apoyar estas peticiones «porque han sido presentadas por el PP». «Espero», concluyó,«que todas las familias se enteren de sus votaciones».
Vox: «Para hacer un campo de fútbol sí se puede modificar la normativa»
El diputado de Vox Sergio Rodríguez mostró el apoyo de su partido a la moción del PP poniendo de relieve que, si el problema de los Don Pepe no se ha solucionado hasta ahora, ha sido por «falta de voluntad política». «No hablamos del chalet con piscina de un millonario extranjero», recordó y reprochó que, en otras ocasiones, sí se han podido modificar las normas urbanísticas, como para construir «un campo de fútbol».
Desde Ciudadanos, el diputado Marc Pérez Ribas mostró su disposición a una modificación de la legislación urbanística, pero «acotando» que esta solo sería aplicable «en casos de especial afectación social». Pérez Ribas apostó por el «consenso» y pidió no convertir el problema de los Don Pepe en «un arma de lucha política».
La diputada del PI Antonia Sureda calificó lo sucedido con este inmueble como «un despropósito» y pidió soluciones tanto para el edificio como para los afectados. «Es responsabilidad del Govern», recordó, «que es el que tiene las competencias en urbanismo». «Hay que buscar soluciones dentro de la legalidad».
Mes por Mallorca acusa al PP de pretender «una amnistía urbanística»
Desde Mes x Mallorca, Joan Mas pidió «no jugar con las esperanzas» de los vecinos de los Don Pepe. Aseguró que lo que están pasando es «una cuestión muy delicada» que debe tratarse «desde la empatía, la honestidad y la verdad». No aportó nuevas soluciones y su partido votó en contra de las peticiones del PP. Se escudó en la supuesta «amnistía urbanística» para rechazar la posibilidad de cambiar la ley y acusó al PP de intentar aprovecharse «un poco de la desgracia» de los afectados por el desalojo. Mas defendió la actuación del Ayuntamiento de Sant Josep y afirmó que los populares «parece que han encontrado un filón para hacer campaña electoral hasta 2023».
Tanto UP como el Grupo Mixto se pronunciaron de forma muy similar a la de Mes x Mallorca.
Agustinet y su taxista: Laurel y Hardy de la izquierda.