Los sindicatos policiales consideran que la mejor política de vivienda que se puede hacer para los agentes que trabajan en Ibiza es concederles un plus de insularidad acorde al coste de la vida de la isla. Así de tajantes se mostraron los representantes de las tres organizaciones sindicales consultadas por Periódico de Ibiza y Formentera sobre la lentitud de las negociaciones entre el Ministerio del Interior y el Govern balear para la construcción de 120 viviendas en el solar de la Comisaría que irían destinadas en una parte a los policías.
Desde el sindicato JUPOL aseguraron que «el problema de la vivienda tiene solución, y la solución no es hacer viviendas. La solución es pagarle a los funcionarios lo que merecen cobrar en Baleares». Insistieron en que tiene que haber un plus de insularidad «acorde a las características del lugar donde vivimos», algo que en la actualidad no se da en el archipiélago. «Si el funcionario tiene un sueldo acorde a donde trabaja no necesita ninguna vivienda. Ya se alquilará o se comprará la que considere», subrayaron desde el sindicato. «Lo que no puede ser es que un policía cobre lo mismo en Ibiza que en Cádiz», puntualizaron.
El representante en Ibiza del sindicato SUP, Pedro Canales, lamentó que el Ministerio del Interior y el Govern balear no estén avanzando en la construcción de estas viviendas. «Hablan mucho y prometen mucho, pero hacen muy poco», declaró Canales, quien aseguró a su vez que desde su sindicato habían tratado de presionar mediante escritos para que se agilizase el proceso «pero a día de hoy no nos han informado de nada».
De hecho, aseguró únicamente «nos comentaron que habría 30 viviendas» para una plantilla de 300 agentes, además de desconocer qué criterios se seguirán para adjudicarlas en caso de que finalmente se construyan.
De cualquier forma, coincidió en que «la mejor política de vivienda es el plus de insularidad» ya que «las estadísticas apuntan a que la Policía Nacional de Ibiza es la que menos cobra» atendiendo al coste de la vida en la isla.
Destino más atractivo
Además de resolver el problema de la vivienda, un plus de insularidad adecuado haría más atractivo que los agentes quisieran venir a trabajar a Ibiza, «porque en estos momentos es una Comisaría de paso y es muy triste que, cuando hay una plantilla competente, los agentes se tengan que ir porque aquí no pueden sobrevivir», aseguró el representante del sindicato SUP.
David Pola, de la Confederación Española de Policías (CEP), lamentó que Gobierno central y Govern balear no avancen en las negociaciones para la construcción de estas 120 viviendas. «Para una oportunidad que tenemos de salir un poco de la crisis habitacional que tienen los policías no nos parece bien que las administraciones no lleguen a un acuerdo».
Pola recordó que la problemática de la vivienda «es una de las circunstancias que produce rechazo a la hora de elegir Ibiza como destino de los nuevos policías» e insistió en la necesidad de aprovechar esta oportunidad de construir recursos habitacionales. «Nos gustaría que se le diera más celeridad a este proyecto», apuntó, «sobre todo para solucionarle un problema a los ciudadanos, y es que tengan una plantilla estable de policías, lo que redundará en la mejora del servicio público».
Finalmente el representante del sindicato CSIF, Sabino Aramburu, aseguró que «todo lo que sea poner trabas a que se puedan estabilizar las plantillas de cualquier sector de la administración en la isla» es criticable, y el hecho de que no se avance en el protocolo para la construcción de las 120 viviendas previstas «son más piedras en el camino».
El apunte
La pandemia ralentizó las negociaciones
El Ministerio del Interior aseguró ayer que seguían las negociaciones con el Govern para la construcción de viviendas en el solar de la Comisaría, aunque reconoció que éstas se habían visto ralentizadas: «El impacto de la pandemia ha influido en el ritmo de la negociación, pero continúan las conversaciones entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Movilidad y Vivienda del Gobierno balear».
Desde el Govern señalaron que, con el cambio de criterio del Ministerio con respecto al tipo de solución habitacional a realizar, las condiciones del protocolo firmado ya no estaban «vigentes», por lo que había que llegar a un nuevo acuerdo.