El Consell d'Eivissa recibió siete solicitudes de plazas turísticas la misma mañana en la que se aprobó el decreto ley de medidas urgentes de sostenibilidad y circularidad del turismo de Baleares.
El texto incluía en su disposición adicional primera la suspensión durante cuatro años de la posibilidad de adquirir nuevas plazas en el archipiélago.
El pasado miércoles, Manuel Sendino, gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), dijo en el programa Bona Nit Pitiuses de la TEF que conocía un proyecto para el que se había solicitado plazas horas antes de la entrada en vigor del decreto ley.
El propio Sendino indicó que era probable que algún empresario más hubiera presentado alguna solicitud.
Finalmente serían siete instancias, de las que tres fueron presentadas por empresas hoteleras y las otras cuatro se desconoce si son también de hoteles o para viviendas turísticas. El Consell no informó de cuantas plazas turísticas implican estas solicitudes que podrían escapar a la moratoria. A lo largo del mes sólo se había recibido una solicitud la tarde anterior.
Periódico de Ibiza y Formentera ha podido saber que por el grupo de Whatsapp de la Fehif se pasó el documento final del decreto ley, que la federación recibió el mismo día de la entrada en vigor del decreto a las siete de la mañana. Se desconoce la hora exacta a la que se hizo la publicación.
Excepciones a la moratoria
La disposición adicional que fija la moratoria para solicitar nuevas plazas turísticas incluye una serie de excepciones para no perjudicar a proyectos que ya estuvieran en marcha en el momento de la entrada en vigor de la medida.
Entre ellas se incluye que «se esté tramitando una solicitud de plazas».
También que se estuvieran ejecutando obras destinadas a un nuevo establecimiento, que se estuviera tramitando una licencia urbanística o que esta ya se hubiese obtenido, que ya se contase con una reserva de plazas turísticas, que se hubiera desarrollado una Unidad de Actuación en la que hubiera prevista actividad turística y, en el caso de establecimientos de turismo rural, que se hubiera iniciado la tramitación de la declaración de interés general de la actividad.